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Dirigente de Anfuco criticó a agricultores por fracaso en compra de tierras en Purranque

ARCHIVO | David Cortes | Agencia UNO
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El dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Anfuco), Manuel Maragaño, criticó a los grupos agrícolas que influyeron en el fracaso de la compra de un terreno para una comunidad indígena de Purranque. A su juicio se utilizaron argumentos que son abiertamente discriminatorios y que generan terror en la comunidad de la región de Los Lagos.

Se trata de un terreno de 168 hectáreas para la comunidad “Mateo Nailef”, en el sector de Nueva Braunau a 22 kilómetros de Puerto Varas, sobre el cual según Maragaño, uno de los participantes del proceso estaba a punto de concretar la compra venta, la cual quedó inconclusa luego de que Agrollanquihue se opusiera, convenciendo al propietario del terreno de que no lo hiciera.

Según se detalla en el portal de la asociación gremial, llegaron a hablar con el intendente de Los Lagos, Nofal Abud, con el fin de abordar la política de compra de tierras de Conadi, manifestando su preocupación por la posibilidad del comienzo de conflictos o tomas de predios, lo cual afectarían a juicio de los agricultores la paz social del sector.

Declaraciones que según Maragaño, son abiertamente racistas y discriminatorias que intentan crear un clima que no se vive en la región de Los lagos.

De hecho, remarcó que no sería sorpresa el hecho de que la estrategia de los agricultores de la región de Los Lagos sea precisamente causar terror en la zona, afectando el trabajo de Conadi en materia de compra de tierras, a través de la utilización de hechos de otras regiones.

Y es que la molestia del dirigente de Anfuco tiene directa relación con lo avanzado del proceso, el cual quedó truncado por las presiones de grupos gremiales.

Insistió en que el intendente Nofal Abud debe también recibir a los representantes de la comunidad “Mateo Nailef”, tal como lo hizo con los representantes de Agrollanquihue, agregando que así como les aseguró el cumplimiento del estado de derecho en la región, también debe hacerlo con las comunidades indígenas que utilizan el aparato público para resolver sus demandas.

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