En los últimos siete meses desde que fue designada para continuar con la indagatoria, la ministra Dobra Luksic interrogó como inculpados a 16 miembros de la FACH, entre ellos tres en servicio activo, que habrían faltado a los protocolos a la hora de planificar el vuelo que terminó con la vida de 21 personas, entre ellos el animador de TVN, Felipe Camiroaga, y el empresario Felipe Cubillos.
El 8 de abril de este año, en fallo unánime, la sala penal de la Corte Suprema ordenó reabrir la investigación para indagar la posible comisión de los ilícitos de incumplimiento de deberes militares y cuasi delito de homicidio.
La resolución revirtió la decisión del ministro en visita Juan Cristobal Mera, que aplicó el sobreseimiento definitivo, concluyendo que las causas del accidente fueron los fuertes vientos que afectaban en aquella oportunidad a la isla Robinson Crusoe y la impericia de los pilotos Juan Pablo Mallea y Carolina Fernández.
La madre de la teniente que pilotaba la nave, María Graciela Quinteros, valoró el trabajo de la jueza y aprovechó de criticar al juez anterior que llevó el caso.
La ministra Luksic, a fines del mes pasado, se constituyó en la base aérea de Cerro Moreno en Antofagasta, lugar donde se preparó el fatídico vuelo a la isla Robinson Crusoe en septiembre del 2011.
Fuentes consultadas por Radio Bío Bío, confirmaron que la jueza resolverá el procesamiento por “incumplimiento de deberes militares” contra ex efectivos de la Fuerza Aérea de Chile. Se trata de los generales de aviación retirados Luis Ili Salgado, ex comandante del Comando de Combate, y Julio Frías Pistono, ex comandante en jefe de la Quinta Brigada Aérea; a los coroneles Guillermo Castro Guzmán y Aldo Carbone Frugone, y al teniente coronel César Pineda Troncoso.
Cabe indicar que los querellantes solicitaron sin éxito en su oportunidad, procesar a los involucrados en la planificación del vuelo del CASA 212.
Jorge Cabezón, hermano de una de las 21 víctimas de la tragedia, reconoció que tienen muchas expectativas ante un eventual procesamiento de funcionarios de la Fach.
Paralelamente a la investigación criminal, los familiares de cuatro de las víctimas del CASA 212 demandaron al Estado, en el Vigésimo Noveno Juzgado Civil, exigiendo 3 mil 700 millones de pesos de indemnización.
Los familiares cuestionan a la institución haber ocultado información como el sobrepeso con el que viajaba el avión y las presiones denunciadas por el cabo retirado de la Fach, Luis Torrejón, quien ante notario aseguró que por órdenes superiores tuvo que retirar estanques de combustibles que habrían facilitado el regreso al continente de la aeronave.
