El Tribunal Constitucional (TC) se dio un plazo de hasta 10 días para resolver la impugnación que hizo un grupo de parlamentarios de oposición al proyecto de ley que crea el Administrador Provisional de la educación superior.

Con sus diez integrantes sesionó el TC para escuchar los alegatos en torno al requerimiento contra esta figura que crea un interventor para Universidades e Institutos Profesionales y Técnicos que sufran algún tipo de crisis, que ponga en cuestión su continuidad y el futuro de sus alumnos.

20 diputados de oposición interpusieron este requerimiento, argumentando que el administrador provisional vulnera los derechos de propiedad, de autonomía y libertad de la enseñanza.

En el escrito describen que las actuaciones de esta futura autoridad deben ser controladas por la judicatura, es decir, por un juez.

Jorge Barrera, el abogado que representó a los requirentes, explicó en su alegato ante el TC que no están en contra de la figura del Administrador, sino de sus facultades, las que calificó de ilimitadas.

Luego le tocó el turno a la abogado Paulina Veloso, quien representó a la presidenta Michelle Bachelet, para defender el proyecto de ley.

De entrada destacó que presentar un requerimiento es una cuestión seria, criticando la calidad de los argumentos que presentó su contraparte, por eventuales artículos citados de forma errónea.

Recordó que el Ejecutivo tuvo que crear este proyecto de ley de administrador provisional, luego del escándalo que atravesó la Universidad Del Mar y a sus estudiantes.

Los ministros del TC, tras los alegatos, dejaron en acuerdo la resolución, es decir, votaron y se espera su redacción, para la que fijaron un plazo máximo de diez días.