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Operativo policial masivo contra “trama” de corrupción en España

Lluis Gene | AFP
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Más de 30 personas fueron detenidas este martes en España en un operativo masivo contra una “trama” sospechosa de organizar el pago de sobornos por la adjudicación de contratos públicos, un nuevo escándalo en un país cada vez más intransigente con la corrupción.

La operación bautizada como “Enredadera”, se realizó bajo una fuerte expectación mediática y perseguía una presunta “organización criminal dedicada a la obtención fraudulenta de contratos públicos”, informó la guardia civil en un comunicado.

Durante horas los agentes registraron locales de administraciones públicas, empresas y domicilios en trece provincias, principalmente en Andalucía, en el sur del país, pero también en Madrid, Barcelona, Valencia e incluso en el archipiélago de las Canarias.

“Hasta este momento se ha detenido a 32 personas”, un tercio de ellas en la ciudad andaluza de Sevilla, declaró a AFP un portavoz de la Unidad Central Operativa, precisando que la investigación, dirigida por la jueza de instrucción Mercedes Alaya, conocida por su pugnacidad en casos de corrupción, seguía abierta.

Entre los detenidos figuran tres cargos de administraciones locales y numerosos funcionarios, así como empleados de varias empresas. Algunos fueron puestos en libertad tras prestar declaración y ninguno debía pasar a disposicion judicial antes del jueves.

A finales de octubre, España se había visto sacudida por otro operativo masivo, denominado Operación Púnica, contra una trama de corrupción acusada de conceder obras públicas por 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. Hubo ordenes de detencion contra 50 personas, entre ellas alcaldes, empresarios y políticos.

Presión popular

En una España asfixiada por una crisis económica, que desde 2008 dejó sin empleo y sin hogar a cientos de miles de personas, crece la intransigencia con los casos de corrupción, que afectan a partidos de todo el espectro político, sindicalistas o banqueros.

“La gente se ha hecho más inquisitiva y busca la raíz de los problemas económicos y esto es una de las cosas que está presionando mucho a los partidos”, explicaba recientemente a AFP Fermín Bouza, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid.

Un nuevo partido, Podemos, dispuesto a “defender a la gente de los poderes financieros y la corrupción”, ascendió meteóricamente en las intenciones de voto solo nueve meses después de su creación.

En este contexto, numerosos cargos públicos dimitieron a raíz de la Operación Púnica, algo inimaginable hasta hace poco en España. Y el presidente del gobierno, el conservador Mariano Rajoy, anunció que defenderá el 27 de noviembre ante el Parlamento medidas de su gobierno contra la corrupción.

Sobornos a funcionarios

La Operación Enredadera surgió a raíz de otra investigación, dirigida por Alaya, que destapó “un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta el 2007 director del área de vía pública” del ayuntamiento de Sevilla, explicó la guardia civil.

La investigación condujo a varias empresas dudosas, entre ellas una, Fitonovo, “contratista habitual de numerosas administraciones públicas”, que “había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares”.

Ésta conformó “una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos”, precisó.

Fue un tentacular caso instruido por Alaya desde 2009, denominado “Mercasevilla” -por presunta venta de suelos mediante amaño de concurso- el que dio origen a la Operación Enredadera y anteriormente al muy mediático “caso de los ERE” (Expedientes de Regulación de Empleo).

Convertido en uno de los símbolos de la corrupción en España, junto al “caso Gürtel” que desde 2009 salpica al altos cargos del gubernamental Partido Popular, éste concierne al Partido Socialista de Andalucía, investigado por presunta malversación de millones de euros en ayudas públicas a empleados y empresas afectados por planes sociales.

Una exministra socialista, Magdalena Álvarez, fue imputada por su presunta implicación cuando era consejera de Economía del gobierno regional andaluz. A raíz del escándalo, Álvarez, que niega toda responsabilidad, dimitió en junio como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones.

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