La Corte Suprema ordenó a los herederos de Luis Fernando Mackenna Echaurren, sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en el denominado caso Chispas, a pagar la sanción pecuniaria consistente en $24.261.282.284.

Esto, luego de que la Corte Suprema acogiera, en fallo dividido, el recurso de casación en el fondo, presentado por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que había confirmado el fallo de primera instancia que rechazaba la demanda en contra de los herederos de Mackenna.

La acción judicial que fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado, buscaba que la viuda y los ocho hijos del ex ejecutivo, se hicieran cargo del pago de la multa aplicada en 1997 por la SVS, la que fue ratificada en 2005, poco más de tres meses después del fallecimiento de Mackenna.

El fallo de la Corte Suprema considera que la obligación del pago de la multa no se extingue con la muerte del multado y, por lo tanto, que se puede demandar a sus herederos para el cobro de dicha obligación. Pues establece que el acto administrativo que aplicó la multa tuvo efectos inmediatos apenas Mackenna fue notificado, por lo que la deuda se incorporó a su patrimonio y si bien, su fallecimiento extingue su responsabilidad penal, no tiene los mismo efectos respecto de las multas administrativas.

La resolución agrega que la multa impuesta al ex ejecutivo se radicó en su patrimonio, “en otras palabras, la deuda ya formaba parte de su pasivo a la fecha de su fallecimiento, acaecido el 1° de abril de 2005, por lo que dicha obligación se transmitió a su sucesión y, en cuanto tal, constituye una deuda hereditaria”.

La Tercera Sala del máximo tribunal estuvo integrada por los ministros Rubén Ballesteros, Héctor Carreño, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y Gloria Ana Chevesich.

La sentencia se adoptó con los votos en contra de los ministros Ballesteros y Carreño, pues consideraron que se debe aplicar la prescripción de la multa tras el fallecimiento del responsable, aplicando los mismos principios del derecho penal al derecho administrativo.