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Justicia argentina busca extraditar a dos ex ministros de Francisco Franco

Jueza María Servini | Gerard Julien | AFP
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Una jueza argentina pidió la captura internacional de una veintena de acusados, entre los cuales dos ex ministros del dictador español Francisco Franco (1939/1975), por genocidio y crímenes contra la humanidad.

En una decisión difundida la noche del viernes, la jueza María Servini de Cubría solicitó a Interpol que emitiera una circular roja para el arresto preventivo de una veintena de imputados con fines de extradición a fin de tomarles declaración indagatoria.

Consultada por la AFP, la oficina de Interpol rechazó dar detalles sobre este caso.

En la resolución de unas 300 páginas, la magistrada argumentó que “los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal”.

La jueza, de 77 años, que indaga crímenes de la guerra civil española (1936-1939) y de la dictadura franquista (1939-1975), consideró que podía actuar en virtud de dicho principio luego de que el juez español Baltasar Garzón, quien llevaba el caso en los estrados españoles, fuera inhabilitado.

Las asociaciones de víctimas acudieron a los tribunales argentinos por las dificultades para llevar el caso ante la justicia española en razón de una ley de Amnistía de 1977.

Cubría sostiene por su parte que la Constitución y tratados internacionales ratificados por Argentina respaldan su injerencia en el caso.

La orden emitida el viernes es el resultado de una investigación que llevó a Cubría el año pasado a escuchar testimonios en España de víctimas del franquismo en el País Vasco, Andalucía y Madrid.

El pedido de extradición involucra entre otros a los ex ministros de Vivienda José Utrera Molina (86 años) y de Gobierno Rodolfo Martín Villa (79), quienes pudieron haber cometido un delito de homicidio en grado de tentativa con el agravante de haber sido premeditado.

Según un auto judicial, la orden contra Utrera Molina procede por haber convalidado la sentencia a muerte del anarquista Salvador Puig Antich, uno de los últimos ejecutados del franquismo, que murió mediante garrote vil el 2 de marzo de 1974.

Por su parte, la jueza reclama a Martín Villa, una figura notoria de la transición española, como presunto responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que murieron cinco de ellos y más de 100 personas resultaron heridas, muchas por armas de fuego.

La magistrada ya había pedido en 2013 la extradición de dos expolicías franquistas acusados de presuntas torturas, el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, de 75 años, y el exinspector de la brigada político-social Juan Antonio González Pacheco, de 67 años, más conocido como “Billy el Niño”.

En esos casos la justicia española denegó el pedido bajo el argumento que los crímenes imputados no constituyen delitos de lesa humanidad y además prescribieron hace años.

Para el abogado Máximo Castex, uno de los querellantes, la posibilidad de que los pedidos de extradición se concreten “es directamente proporcional al reclamo que hagan las víctimas en España”.

“Hoy es un gran día”

En el voluminoso expediente están contabilizadas 4.500 víctimas y hay más de 300 querellantes, entre ellos 60 organizaciones de derechos humanos de Argentina y España.

“Es histórico”, “hoy es un gran día”, declaró a la AFP en Madrid María Arcenegui Siemens, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

“Esta resolución es una gran noticia para las víctimas”, dijo a la AFP Castex, quien recordó las denegatorias anteriores, pero consideró que la calidad de ministros de los nuevos requeridos podría cambiar la decisión de la justicia española.

“Cada caso puede ser diferente y estamos a la expectativa”, dijo.

Las asociaciones de víctimas calculan que se produjeron más de 110.000 desapariciones forzosas y que hubo hasta 300.000 bebés robados durante el período investigado.

Servini de Cubría ya tuvo en sus manos otra causa de repercusiones internacionales: el asesinato con coche bomba hace 40 años en la capital argentina del general chileno Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

La magistrada encontró culpables a varios militares y civiles chilenos del atentado contra Prats, un militar que había huido a Buenos Aires tras el derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende en 1973.

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