La mañana de este jueves se inició un debate sobre las propuestas planteadas por la Comisión Asesora Presidencial para la reforma de la Ley de Isapres.

El presidente de la Comisión, Camilo Cid, expuso sobre las conclusiones del informe entregado a la presidenta Michelle Bachelet.

Cid defendió la propuesta entregada por la comisión, asegurando que fija un momento inicial en los cambios al sistema privado y que se llegó a un consenso básico entre los comisionados respecto de los cambios al sistema de salud privado. Además aseguró que espera que el Gobierno los lleve a cabo en el proyecto de ley que deberá presentar a finales de este 2014.

La Asociación de Clínicas mostró su preocupación sobre los efectos que podría tener en el sector una reforma a la ley de isapres que cree un fondo mancomunado de salud.

Así como entre algunas isapres, desde la asociación de prestadores estiman que este fondo, es un primer paso para otorgarle al Estado, la facultad de administrar las cotizaciones de todos los chilenos, incluso de aquellos que están en el sistema privado.

Según la gerente general de la Asociación de Clínicas, Ana María Albornoz, el hecho de que el Estado compre las prestaciones, perjudicaría a los médicos, quienes verían reducidos sus salarios a la mitad, manteniendo la carga laboral.

Situación que debiese alcanzarse, pese a los costos, según Daniel Titelman, el director de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.

Titelman agregó que el sistema de salud chileno debiera avanzar en la integración de los sistemas público y privado y regirse por el principio de la solidaridad.

Para el presidente de Isapre Mas Vida, Claudio Santander, una reforma de esta naturaleza requiere primero de una reforma profunda al sistema de salud público, que lo equipare con el privado para permitir la integración.

Pese a las advertencias de las clínicas, aún existe por parte de la comisión presidencial una estimación o cálculo del impacto de la reforma y lo que significará la implementación del fondo mancomunado.

Algunos economistas estiman que de los 3,5 millones de personas que están afiliadas a una isapre, más de un tercio deberá migrar a Fonasa, con la nueva estructura.