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Fiscalía alista inicio de juicio contra acusados de vender bebé por internet en $60 mil

Archivo | Bridget Coila (cc)
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El próximo 11 de noviembre se realizará la audiencia de preparación del juicio oral en contra de cuatro personas formalizadas por la Fiscalía Centro Norte, por la adopción irregular de una lactante que quedó al descubierto hace un año aproximadamente.

Según acusa el Ministerio Público, una madre de 18 años “vendió” a su hija -nacida el 4 de noviembre de 2013 en el Hospital Clínico del Profesor de Estación Central- a cambio de un pago de $60.000 más los costos médicos que ascendían a cerca de un millón de pesos por la cesárea.

Se trató de un plan urdido luego que la joven reconociera a su familia que estaba esperando un hijo de su pololo, por lo que le dieron tres opciones: abortar, entregar en adopción a la menor o venderla al mejor postor.

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La mujer decidió esta última opción, por lo que junto a su madre y una hermanastra colgaron en internet un aviso logrando contactar a un matrimonio de Concepción. No obstante, una pareja de comerciantes de Puente Alto finalmente se quedó con la criatura.

La menor fue entregada al comprador el 6 de noviembre de 2013, dos días después de haber nacida. Según la indagatoria del Ministerio Público, ese día la hermana de la madre biológica retiró el comprobante de parto entregado por el hospital y se lo entregó al “comprador”, quien concurrió hasta la oficina del Registro Civil e inscribió a la menor declarando ser el padre biológico de la niña junto a la joven madre.

La bebé vivió con el hombre y su cónyuge “como si fuera su hija”, hasta enero de 2014 cuando la Policía de Investigaciones (PDI) recibió una denuncia de un supuesto secuestro realizada por el padre biológico de la pequeña. Esto último, debido a que el padre de la lactante fue informado que su hija había fallecido, versión que luego fue desmentida por su polola quien le confesó que la menor no estaba muerta, sino que había sido secuestrada.

Conmocionado por la noticia, el padre presentó la denuncia en oficinas de la PDI, donde finalmente la madre biológica declaró que había vendido a su propia hija.

La Fiscalía acusó al “comprador” y a las otras implicadas de “usurpación del estado civil” por inscribirla como su hija ante el Registro Civil, y pidió una pena de dos años de presidio menor en su grado medio, más multa de once unidades tributarias mensuales y las costas de la causa.

Según publica EMOL, en el juicio oral presentarán 18 testigos, 2 peritos y 11 pruebas documentales; que pretenden demostrar el embarazo de la joven y de la menor.

Mientras, la bebé permanece al cuidado de los abuelos paternos, según determinaron los tribunales de la familia.

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