El gobierno dominicano rechazó el jueves la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condena al país por violación a los derechos humanos en las deportaciones de haitianos y en el régimen de nacionalidad para hijos de inmigrantes.

El Poder Ejecutivo emitió una declaración en la que calificó la sentencia publicada el miércoles como “extemporánea, sesgada e inoportuna”; pero no dijo de forma explícita si la desacatará o apelará.

En el documento leído por el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, el Gobierno expuso además “su adhesión al artículo 1 del Convenio de la Haya, de 1930, que faculta a cada Estado para regular y determinar, de acuerdo a su legislación, quiénes son sus nacionales”.

La administración del presidente Danilo Medina advierte que “este principio, el pilar del derecho internacional, es innegociable para el Estado dominicano”.

El miércoles la CIDH encontró a República Dominicana culpable de tener “un patrón sistemático de expulsiones, inclusive mediante actos colectivos, de haitianos y personas de ascendencia haitiana, que obedece a una concepción discriminatoria”, basada en casos de 1999 y 2000.

Lo conminó a resarcir a ocho víctimas.

Lo emplazó, además, a “dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria o administrativa (…) que tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio”.

Esto último afecta a la Constitución de 2010 y a la sentencia 168-13, de septiembre de 2013, que sostiene que no son dominicanas las personas hijas de extranjeros que entraron al país y se mantuvieron en él de manera irregular.

Se quejó el Ejecutivo dominicano de que la corte se basó en casos de 1999 y 2000 y que, según entiende, pasó por alto circunstancias relevantes de la actualidad, como un plan integral para la naturalización de hijos de extranjeros indocumentados y la regularización de inmigrantes.

Alegó que ese plan es el fruto de un amplio consenso nacional y objeto de reconocimiento de organismos internacionales.

Además, resaltó el diálogo que hace un año desarrolla con Haití, “el proceso de diálogo bilateral más fructífero que han visto nuestros pueblos en las últimas décadas”.