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Guatemala indemnizará a pueblos originarios por construcción de hidroeléctrica

ARCHIVO: Elmer Martinez | AFP
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Guatemala pagará una indemnización de unos 205 millones de dólares a indígenas de 33 comunidades rurales reprimidos por la construcción de una hidroeléctrica en el norte del país hace tres décadas, informó este miércoles una fuente oficial.

“Se trata de un pacto histórico luego de un proceso de más de 30 años de negociación, altamente relacionado con los daños por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy”, en el norteño departamento de Alta Verapaz, dijo a periodistas Miguel Ángel Balcárcel, representante del gobierno.

La represa, considerada la más grande de Centroamérica, fue construida a finales de la década de 1970 con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, provocando el desplazamiento de comunidades enteras de descendientes mayas.

Otros cientos de habitantes que se negaron a abandonar sus tierras fueron masacrados por el ejército con la excusa de que estaban involucrados con la guerrilla, en el marco de la guerra que vivió el país entre 1960 y 1996, según ha reconocido el propio Estado guatemalteco.

Paradójicamente, tres décadas después la mayoría de las comunidades, integradas por unos 6.000 familias, carecen de servicios básicos como energía eléctrica.

Los fondos para la indemnización serán desembolsados durante un período de 15 años en viviendas, acceso a tierras, centros de salud, carreteras y recuperación de piezas arqueológicas, entre otros proyectos.

Las 33 comunidades pertenecen a los departamentos de Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz, indicó la fuente.

El incumplimiento del pago de la indemnización, acordado bajo el gobierno del presidente Álvaro Colom (2008-2012), provocó en febrero pasado que Estados Unidos condicionara la ayuda a Guatemala como medida de presión para cumplir con la compensación.

“El acuerdo al que se había llegado en 2010 iba a ser ejecutado en 10 años, pero nunca se concretó. Esta vez cedimos a que fuera en 15 (años)”, expresó Juan de Dios García, coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (Cocachix).

“Ha habido falta de voluntad política. Lo que sucedió (el acuerdo pactado) viene a raíz de la presión internacional”, sostuvo García, al reconocer que el convenio es un avance después de “30 años de lucha”.

La medida, incluida en la Ley de Asignaciones y Compensaciones, fue calificada por el presidente guatemalteco Otto Pérez como un “estrangulamiento económico” para el país.

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