Este lunes -dos semanas después de lo anunciado originalmente-, la llamada “Comisión Hermosilla” entregó al ministro Rodrigo Peñailillo su informe con propuestas para modificar la Ley Antiterrorista.

Tras conocer los primeros alcances del documento en que el grupo de expertos -liderados por el abogado Juan Pablo Hermosilla- propone al Ejecutivo una serie de cambios legales para combatir el terrorismo en el país, los diputados UDI Juan Antonio Coloma y Arturo Squella, junto al RN Gonzalo Fuenzalida -todos integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana-, expresaron su “preocupación” porque dichas modificaciones dejarían fuera de la calificación terrorista a los atentados que ocurren en la región de La Araucanía.

“Se estaría dejando fuera los actos de terrorismo que vemos comúnmente en La Araucanía, y eso es extremadamente grave. Si hay un lugar en donde está desatado el terrorismo es precisamente en la región de La Araucanía, y no vamos a aceptar que se deje fuera de las modificaciones legales que se pretenden hacer a la ley 18.314”, dijo Squella.

En la misma línea, el diputado Coloma sostuvo que “no hay que equivocarse, acá lo que tenemos que hacer es buscar cómo enfrentamos drásticamente al terrorismo en Chile y no dejar de lado temas como La Araucanía, que lamentablemente quedaría excluido de esta legislación”.

El diputado Fuenzalida, en tanto, se refirió a otro de los aspectos que genera controversia en los anuncios de la comisión: la necesidad de comprobar la existencia de una “organización terrorista” en la persecución de este tipo de delitos. “La organización terrorista hay que demostrarla, y siguiendo la teoría alemana es muy difícil poder hacerlo, porque hay que demostrar una organización ilícita y eso la verdad es que en nuestro país es muy difícil de conseguir con la legislación que tenemos”, apuntó.

El legislador lamentó, además, que “el proyecto que conocemos por la prensa es totalmente distinto a lo que en su oportunidad conversamos con Juan Pablo Hermosilla, el abogado que está a cargo de la Comisión”.

“Lo importante es tener una ley antiterrorista que sea aplicable. Los chilenos esperan una ley que sea fuerte, que engrose nuestra legislación en defender el derecho de las personas, la democracia y nuestra institucionalidad de personas que están fuera del sistema y que lo ponen jaque a través de actos terroristas”, concluyó Fuenzalida.

Consultado acerca de la eventual derogación de la ley sobre conductas terroristas y la introducción de modificaciones para perseguir y condenar estos delitos a través del Código Penal, el diputado Coloma explicó que “en principio, lo que queremos es que se fortalezca la institucionalidad antiterrorista”.

“Lo ideal sería que el gobierno acceda a agregar a la Ley Antiterrorista facultades para las policías y que dichas facultades permitan después mejorar las pruebas cuando se presenten en los juicios (…) Pero si finalmente el Ministerio del Interior, cuando presente el proyecto, accede a dejar éstas y más facultades en el Código Penal, nosotros vamos a estar abiertos a debatir”, aseveró.

En cuanto al retraso en la entrega de este informe, Squella puntualizó que “es preocupante que la fecha que el gobierno se autoimpuso, es decir, el 30 de septiembre, no se haya cumplido. Nos habían dicho que en esa fecha iba a estar ingresado el proyecto en la Cámara de Diputados o en el Senado para su tramitación y eso no se ha cumplido”.