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Justicia mantiene secreto del caso Penta y prohíbe a intervinientes hablar con medios

Archivo | Agencia UNO
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La detección del delito de lavado de dinero en la investigación del denominado Caso Penta, permitió al fiscal Carlos Gajardo obtener el respaldo de la justicia para mantener en “reserva” su indagatoria.

En tanto, Carlos Alberto Délano y Carlos Lavín, los controladores de estas empresas, enfrentarán una querella criminal por deudas cercanas a los dos mil millones de pesos.

La defensa de Délano y Lavín interpuso una “cautela de garantía”, recurso que pretendía levantar la prohibición de acceso a los antecedentes de esta investigación, que el fiscal Gajardo decretó el 30 de junio pasado y que se prolongará hasta diciembre.

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La idea era tener acceso inmediato a los valiosos datos y a la querella del SII. Sobre esto último, y según el artículo 182 del CPP, sólo la puede mantener en secreto por 40 días.

En un comunicado del Poder Judicial, se indicó que el juez Juan Escobar Salas determinó rechazar la solicitud y mantuvo el secreto de la investigación, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 31 de la ley 19.913, norma que sanciona el delito de lavado de activos.

“El que entregue o difunda información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de la investigación incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. Esta prohibición y sanción se extenderá a los funcionarios que hubieren participado en la investigación y a todo aquel que, de cualquier modo, informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación e, incluso, al hecho de estarse realizando ésta”, dice la ley.

Aunque se sabía que la audiencia era sin la presencia de público, ni periodistas, el magistrado del 8vo Juzgado de Garantía de Santiago, hizo una concesión a los intervinientes y los dejó salir por una puerta trasera al tribunal y así evitar a los periodistas.

Una versión indica que el juez Juan Escobar Salas les ordenó al fiscal Gajardo, al defensor de Délano y Lavín, el abogado Julián López y a la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Lupi Aguirre, no hablar con la prensa y salir por otro de los accesos.

Otra fuente señaló que fueron los intervinientes quienes pidieron salir por la puerta de los imputados para evadir a los periodistas.

En tanto, el abogado Giorgio Marino indicó que presentará una querella criminal en contra del holding Penta por los delitos de estafa y apropiación indebida por más de $ 2.000 millones, en representación del empresario Jorge Charbín Lautaris.

Explicó que maniobras de los socios controladores, Délano y lavín, llevaron a su cliente a perder el control de la empresa que dirigía, Vidriería La Argentina, compañía que se había sumado a conglomerado Penta3.

El caso comenzó con la detención de dos funcionarios del SII y seis contadores, por defraudar al fisco en casi 2.500 millones de pesos al manipular declaraciones de impuestos y uso irregular del FUT.

El proceso desencadenó indagatoria al grupo financiero Penta y a sus principales controladores, también por posibles delitos tributarios, donde aparecen boletas ligadas a políticos, prueba de ello es la denuncia que interpuso el SII y posibilitó al fiscal Gajardo allanar la semana pasada los domicilios comerciales del ex candidato presidencial Andrés Velasco y del ex ministro Laurence Golborne.

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