La Comisión Investigadora de los Recursos SEP, presidida por el diputado DC, Claudio Arriagada, recibió a la Asociación Gremial de Corporaciones Municipales (AGCM), quienes expusieron lo que a su juicio son las principales razones que dan cuenta del uso de los recursos de la Subvención Especial Preferencial (SEP) en fines distintos a los establecidos en por ley.
“Deficiencia presupuestaria; diferencias en los criterios de análisis y control de parte de los distintos fiscalizadores; errores conceptuales en el diseño de la ley; y una aplicación confusa y difícil de la normativa” son, a juicio del vicepresidente del organismo y alcalde de Talagante, Raúl Leiva, algunas de las razones que explicarían el uso inadecuado de las subvenciones.
“En la gran mayoría de los casos se trata igualmente de fines educacionales, como puede ser el pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales y gasto corriente de los establecimientos municipales”, precisó.
El diputado Arriagada, manifestó su preocupación por el testimonio “entregado por la Asociación de Corporaciones Municipales, pero como ex alcalde, también conozco las falencias del sistema y reconozco las dificultades presupuestarias de los municipios, sin embargo, éstos deben ajustarse a la normativa y a emplear los recursos conforme los lineamientos de la ley”.
Por su parte, el diputado Juan Morano (DC), integrante de la Comisión Investigadora, y quien también fuera alcalde por Punta Arenas, indicó que “no es comprensible querer justificar el mal uso de los recursos. Me preocupó mucho lo que escuché”.
“No todas las municipalidades tienen las mismas deficiencias ni el desorden administrativo detectado e informado por la Contraloría“, expuso.
La Asociación de Corporaciones informó de un estudio encomendado por dicha entidad gremial, definiendo que los costos mínimos asociados para alumnos de enseñanza básica en grupos socioeconómicos medio y medio alto es del orden de $75.205 mensuales; en los casos de alumnos más vulnerables, de $111.000; y para alumnos de enseñanza media de la modalidad humanista-científica, de $89.771. Estudio que además da señala “que más del 80% de los municipios del país registró sus déficit en gastos operacionales en el área de educación”.
Finalmente, ambos diputados, reconocieron que si bien “los municipios y las corporaciones municipales deben administrar educación con un déficit estructural importante, no puede ser ésta, vale decir el uso de los recursos de la Ley SEP que siempre se pretendió para mejorar la calidad de la educación impartida, el único argumento para justificar lo informado por la Contraloría”, sobre todo, porque según explicaron “hay también municipios que sí han hecho, y muy bien, uso de dichos recursos como corresponde”.
