Tras la reconstitución de escena en el caso Laja-San Rosendo, el ministro Carlos Aldana, habría recabado antecedentes como para procesar a al menos cuatro ex ejecutivos y ex empleados de la CMPC.
Radio Bío Bío tuvo acceso al acta de la diligencia realizada el mes pasado por el juez especial para causas por violación de derechos humanos, una de las últimas en el sumario por el crimen de 19 trabajadores de la papelera en Laja y de Ferrocarriles tras el golpe de Estado de 1973.
En el documento se puede leer las declaraciones de todos quienes intervinieron en la reconstitución de escena -ex ejecutivos y ex empleados de la CMPC, así como ex operarios de la empresa y ex personal de Carabineros-, quienes dieron cuenta de lo ocurrido los días posteriores al 11 de septiembre, cuando fueron detenidos los trabajadores de la celulosa, quienes se presume fueron ejecutados el 18 de septiembre.
Alejandro Aguilera Covarrubias, jefe máximo de la papelera en Laja entonces, no obstante su cargo, asegura no tener antecedentes de los asesinatos de sus trabajadores, tampoco del hallazgo de los cuerpos inhumados ilegalmente e incluso sostiene que sólo este año se enteró de que una de las víctimas era un detenido desaparecido.
No obstante lo anterior, Aguilera reconoce que luego que los funcionarios detenidos no regresaran a trabajar se les cursó cartas de despido, incluso a uno que sí supo que había muerto, aunque sólo a nivel de rumor, declaró ante el ministro Aldana.
Otro de quienes podría enfrentar la imputación de cargos es el ex jefe de seguridad de la CMPC, Pedro Jarpa Forester, sindicado por testigos e incluso ex ejecutivos de la papelera como la persona que señalaba a Carabineros quiénes eran los trabajadores buscados.
Domingo Bucarey Torres, ex jefe de relaciones industriales, es decir el nexo de la empresa con los trabajadores, reconoce en el interrogatorio que no objetó ni cuestionó las detenciones -a todas luces ilegales- realizadas a la salida de la planta.
El cuarto supuesto involucrado en el caso Laja-San Rosendo es Luis Garrido Aviles, abogado y ex administrador de la papelera.
Durante la reconstitución de escena, un testigo y ex operario de la planta en Laja reconoce a Garrido como el ejecutivo que llegó hasta la unidad de Carabineros a donde habían sido llevados los detenidos, entregando las sogas para atarlos y también la micro en que fueron trasladados los hombres al Regimiento de Los Angeles.
Todos los antecedentes contenidos en el acta de la diligencia están siendo estudiados por el ministro Aldana. Se analizaría la figura del encubrimiento o la complicidad en detenciones ilegales.
De dictarse esos procesamientos, podrían ser los últimos, los que se sumarían a la docena ya dictados en contra de ex funcionarios de Carabineros y del Ejercito por los homicidios, detenciones, inhumaciones y exhumaciones ilegales.
