El ente regulador de medios audiovisuales de Argentina rechazó el miércoles un plan de división voluntaria del multimedios Clarín y anunció que avanzará en la modificación de la estructura de propiedad de la firma para adecuarla a la ley vigente.

“Hemos dado por finalizado el proceso de adecuación voluntaria de Clarín y vamos a iniciar la adecuación de oficio, eso es el Estado tasará y venderá las unidades de negocios”, para adecuar el grupo multimedio a la discutida ley de medios aprobada en 2013, dijo Martín Sabbatella.

El titular del ente de aplicación de la norma (AFSCA) explicó en una improvisada rueda de prensa que el plan presentado por el grupo no se ajustaba a la ley, cuyo objetivo es terminar con el monopolio de la información de los multimedios.

En febrero pasado, la empresa de medios más grande del país sudamericano, presentó un plan para dividirse en seis grupos de radios y televisoras, tras cuatro años de duros enfrentamientos con el gobierno.

Después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró constitucional la ley, el ente regulador de medios audiovisuales dio luz verde al plan que significa la fragmentación del grupo.

“Lo hemos estudiado (el plan) con nuestros equipos técnicos y concluimos que se trata de maniobras que burlan el espíritu de la ley”, sostuvo Sabbatella.

Según explicó el funcionario, la división presentada “estaba bien”, pero el problema surgió cuando entregaron los nombres de quienes iban a integrar las sociedades.

“Ahí nos dimos cuenta que no hay independencia entre las unidades de negocios. Los nombres se entrecruzan. Hay vínculos societarios entre las empresas y eso es un fraude, una burla para mantener su posición dominante”, agregó el titular del AFSCA.

Por su parte, la empresa anunció que ante “el intento del gobierno de avanzar en una arbitraria e ilegal adecuación de oficio, el Grupo Clarín recurrirá a todas las instancias que correspondan para resguardar sus derechos y el cumplimiento del plan de adecuación aprobado, que se ajusta estrictamente a la ley de servicios de comunicación audiovisual”.

En un comunicado, agrega que la decisión demuestra “hasta qué punto el gobierno está dispuesto a llegar en su incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia y en la aplicación selectiva y discriminatoria de la ley de medios, para perseguir a los medios críticos y apropiarse de los que aún no pudo controlar”.

A partir de la sanción de ley de medios varias empresas presentaron planes de desmonopolización y algunos están aún pendientes de aprobación por las autoridades.