La ministra de Salud, Helia Molina, desestimó que el informe que elaboró la comisión de expertos para una reforma a la Ley de Isapres sea vinculante para el Gobierno, y aseguró que en el proceso pre legislativo se consultará a más actores para elaborar la iniciativa.

Como una forma de calmar los ánimos entre las isapres y el Gobierno, la ministra Helia Molina aclaró las dudas respecto de lo concluyente que podría ser la propuesta de una comisión de expertos, encargada de sentar la bases para una reformar el sistema de salud privado.

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Molina estimó que si bien el informe redactado por la comisión designada por la presidenta Michelle Bachelet es reflejo de un arduo trabajo, éste será evaluado personalmente por la mandataria y será sometido a un trabajo pre legislativo, en el que se consultará la opinión de más actores.

Respuesta del Gobierno que surge luego de que en conversación con Radio Bío Bío, el presidente de isapre Colmena, Gonzalo de la Carrera, uno de los dos integrantes que renunció a la comisión junto con la presidenta de la Asociación de Clínicas, advirtiera a la presidenta que de considerar el informe actual, podría traerle problemas con las isapres.

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Según Molina, una vez recibido el informe, la presidenta lo analizará y podría reunirse con los comisionados para intercambiar ideas. Posteriormente, se efectuará la ceremonia formal, que aún no tiene fecha definida.

Ante las críticas que ha recibido la propuesta, principalmente desde el sector privado, el secretario ejecutivo de la comisión, Camilo Cid, defendió el trabajo de seis meses de la mesa de expertos, y afirmó que el documento responde íntegramente al mandato de Bachelet.

En tanto, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi, manifestó que en el trámite legislativo del proyecto en el parlamento, se buscará continuar con el trabajo que delineó la comisión.

Según el parlamentario, los primeros pasos son “terminar con los abusos de las isapres”.

La propuesta plantearía dos escenarios, uno de corto y otro largo plazo. Este último a efectuar en un período de 10 años, y en el que el rol de las isapres sólo se limitaría a la venta de seguros complementarios.

Además, plantea que las cotizaciones de los afiliados de isapres y de Fonasa vayan a un mismo Fondo de Seguridad Social, que entregaría coberturas a prestaciones básicas para todos los usuarios en el sistema público.