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Nuevo paso desafiante en Cataluña para la organización de la consulta independentista

AFP Photo | Josep Lago
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El presidente catalán, Artur Mas, firmó este jueves el decreto para la creación de la comisión de control que supervisará la consulta independentista del 9 de noviembre, un nuevo paso adelante que podría ser considerado anticonstitucional por Madrid.

“El decreto entrará en vigor cuando se publique en el diario oficial” del gobierno catalán, explicó un portavoz de la presidencia.

En el decreto, Mas nombra a siete juristas y politólogos para esta comisión, una especie de junta electoral, en virtud de la ley suspendida por los magistrados del Tribunal Constitucional.

Aunque se trata de una votación no vinculante, el gobierno del conservador Mariano Rajoy la considera anticonstitucional y quiere prohibirla.

Dos días después de la convocatoria oficial realizada por Mas, Rajoy la recurrió el lunes ante el Tribunal Constitucional, que suspendió el proceso a la espera de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

Por ello, los partidos contrarios a este referéndum entienden que cualquier acto preparatorio, como la creación de esta comisión, transgrede la ley.

Desde el gobierno catalán defienden la legalidad de sus acciones, aunque el martes decidieron suspender la campaña oficial por la consulta o el proceso de selección de personal administrativo para el día del escrutinio, ya que no querían comprometer a funcionarios o particulares.

Tras una agria sesión, el parlamento catalán aprobó el miércoles la lista de miembros de esta comisión que el presidente catalán ratificó este jueves con su firma.

Este órgano se pondrá en marcha una vez se constituya formalmente, con la aceptación y designación de los cargos por parte de los integrantes.

Los servicios jurídicos del Estado están analizando esta medida para dirimir “si contraviene o no el ordenamiento”, indicó este jueves la delegada del gobierno en esta región nororiental, María Llanos de Luna.

Este decreto llega en la vigilia de una importante reunión de Mas con los grupos partidarios a la consulta para acordar las medidas a tomar frente a la suspensión.

Su principal aliado, los progresistas de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), recriminaron en los últimos días la paralización de la campaña y pretenden organizar el escrutinio incluso en la ilegalidad, lo que podría provocar una crisis institucional sin precedentes en España tras la restauración democrática.

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