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Caso Penta: UDI en la mira por oscuro manejo de dinero que tiene a Novoa en el centro de la polémica

Archivo | Pablo Ovalle | AgenciaUNO
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Amenaza con convertirse en el escándalo político de la década. Se trata de los aportes financieros que habrían sido entregados al margen de la ley desde uno de los principales grupos económicos de nuestro país, al partido político más conservador de la derecha.

Como una bola de nieve, el denominado Caso Penta ha ido desenmarañando intrincados manejos financieros mezclados con la política que serían, a lo menos, cuestionables a la luz de la actual legislación, según reconoció el propio fiscal del caso Carlos Gajardo.

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A fines de agosto, el Servicio de Impuestos Internos presentó ante la Fiscalía Metropolitana Oriente del Ministerio Público, una denuncia criminal en contra de los socios fundadores del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, por un eventual caso de fraude al FUT. Ambos reconocidos financistas de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

La acción busca investigar a los empresarios como presuntos autores de delito tributario, por la utilización indebida de boletas de honorarios falsas de sus cónyuges para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de la sociedad Inversiones Penta III Limitada, de la que son sus representantes. El daño fiscal producto de las irregularidades detectadas se calcula inicialmente en más de $400 millones.

Esta arista se abrió luego que el 29 de julio pasado el SII denunciara por delito tributario al ex director del Banco Penta, Hugo Bravo López, por la obtención irregular de devoluciones de impuestos a través de dos sociedades de su propiedad. De manera insospechada, Bravo se convirtió en la “fuente” principal de la investigación que salpica a ex candidatos del gremialismo, como Ena Von Baer, Iván Moreira, Pablo Zalaquett y Laurece Golborne, además del ex presidenciable Andrés Velasco. Este último, aún no presenta sus descargos debido a que se encuentra fuera de nuestro país.

LA PRINCIPAL “FUENTE” DE LA INVESTIGACIÓN

El ex ejecutivo de confianza de los controladores del Grupo Penta se ha convertido en la principal fuente del fiscal Carlos Gajardo, quien encabeza la indagatoria. Esto, porque además de entregar nombres, reveló un sistema de recaudación usado por la UDI que estaría al margen de la Ley Electoral.

Según detalla el Centro de Investigación Periodística, Ciper Chile, los dineros que habrían sido aportados por Penta eran distribuidos por uno de los hombres fuertes de la UDI, el ex senador Jovino Novoa, quien fuera presidente del conglomerado (1992-1998). En dicha operación aparece también Carlos Bombal, actual director del poderoso grupo empresarial y ex parlamentario.

Ante las imputaciones, el presidente de la UDI Ernesto Silva -sobrino de Carlos Alberto Délano- destacó que todas las cuentas electorales de quienes fueron los candidatos de la UDI están aprobadas, y que no hay un dirigente del partido en un proceso de investigación.

Mientras tanto Jovino Novoa salió al paso de las acusaciones y aseguró que Ciper estaba entregando información “absolutamente” falsa, e indicando que no existe ningún sistema de financiamiento ilegal para la UDI.

“La publicación de Ciper acerca de mi persona es totalmente falsa. No existe ni ha existido tal sistema de recaudación ilegal, jamás he participado en ningún financiamiento que no sea el que la ley permite y mis actuaciones han estado siempre ajustadas a la ley.”, indicó.

Asimismo afirmó que se reserva el derecho a realizar acciones legales por la publicación, sobre la cual acusó la existencia de una acusación calumniosa, una reproducción maliciosa y una filtración de datos de un expediente secreto.

“La publicación da cuenta de una acusación calumniosa supuestamente hecha por el señor Hugo Bravo. Además, reproduce en forma maliciosa esta acusación falsa. Y, lo que es más grave, Ciper publica información de un cuaderno secreto. Estas filtraciones se han transformado en algo habitual en procesos que lleva la Fiscalía. No haré más comentarios sobre acusaciones falsas y me reservo el derecho a ejercer las acciones legales que correspondan.”, sentenció.

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EL GIRO INESPERADO QUE COMPLICA A LA UDI

La investigación dio un giro inesperado luego de las revelaciones de Bravo, debido a que la fiscalía de Delitos Complejos se encontraba indagando a un ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos, Iván Álvarez, quien está acusado de coludirse con algunos contribuyentes para modificar las declaraciones de renta y conseguir devoluciones del FUT. En medio de las pesquisas, se encontraron con el martillero Jorge Luis Valdivia, quien tenía entre sus “clientes” a Bravo, quien logró que el Fisco le devolviera unos $260 millones gracias a las artimañas descubiertas.

De acuerdo a Ciper, una vez que fue descubierto, el ex hombre de confianza del Grupo Penta fue desvinculado de la sociedad, dejando de percibir unos 25 millones de pesos. Ante el complejo panorama, Bravo decidió colaborar dando a conocer antecedentes como por ejemplo los “trabajos” por los cuales pagaba la empresa, que no se habrían efectuado, pero cuyos dineros habrían ingresado a las arcas del gremialismo.

En este contexto, uno de los nombres emblemáticos y que ha sido salpicado con el escándalo, es el actual senador Iván Moreira. Y es que habrían e-mails que lo involucrarían con el pago de servicios que no se habrían realizado, con boletas emitidas por su chofer.

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A la luz de los datos hasta ahora recogidos, incluso podría configurarse el delito de lavado de activos, en el caso de comprobarse algún tipo de pago o coima al ex funcionario del SII, Iván Álvarez. No obstante, quien debe presentar una querella para que la fiscalía indague posibles delitos tributarios, es el Servicio de Impuestos Internos.

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