Miles de catalanes se manifestaron este martes para reclamar su derecho a votar sobre la independencia el 9 de noviembre, desafiando la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional español de esta consulta.
El día después de esta esperada decisión, el gobierno catalán se mostró determinado a continuar adelante e inició la defensa jurídica de este proceso que ha generado un conflicto sin precedentes con Madrid.
“Hay una situación procesal que no se puede pasar por alto pero es evidente que ayer (lunes) no terminó nada”, dijo el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, pero “la determinación del gobierno es continuar”.
El portavoz gubernamental reclamó también la movilización ciudadana que se materializó por la tarde con manifestaciones en las plazas de numerosos municipios, que se llenaron de gritos de “independencia” y “votaremos”.
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En Barcelona, bajo un fuerte aguacero, una profesora de inglés de 51 años, Montserrat Benet, se unía a las proclamas entre un mar de paraguas.
“Esto no lo para ninguna ley”, decía. “Por esta razón yo, como mujer, no podría votar ahora mismo si en algún momento nadie hubiera roto la norma”.
El lunes, el Tribunal Constitucional aceptó los recursos presentados poco antes por el gobierno español y suspendió cautelarmente la convocatoria, dándose un plazo de cinco meses para dictar sentencia.
Esperando esta decisión “en el mínimo tiempo posible”, Homs anunció la suspensión de la campaña informativa de la consulta para no “poner contra las cuerdas a los funcionarios de la administración”.
Potente región industrial de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España, con una fuerte identidad cultural e idioma propio, Cataluña lleva años en conflicto con el gobierno español, que le niega el derecho a decidir su futuro unilateralmente.
“Quien esgrime estos argumentos en realidad le está privando de ese derecho al que realmente le corresponde, que es el conjunto del pueblo español”, dijo el lunes el jefe de gobierno español Mariano Rajoy.
Una iniciativa que en su opinión no se ajusta a la Constitución de 1978, pilar de la transición democrática tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), que consagra la “indisoluble unidad de la Nación española” y otorga la soberanía nacional al conjunto del pueblo español.
Respondiendo al grupo socialista en el Senado este martes, Rajoy se mostró “dispuesto a escuchar” la reforma constitucional propuesta por la principal fuerza de la oposición para solventar el conflicto catalán aunque, matizó, “no es la prioridad del gobierno”.
Quique García | AFP
Un tribunal desacreditado en Cataluña
Convencido de la constitucionalidad de la consulta, el gobierno catalán pedirá el levantamiento de la suspensión e iniciará su defensa jurídica, indicó Homs.
Para Antonio Torres del Moral, profesor de derecho constitucional, “la suspensión no admite recurso porque es algo provisional”.
En su opinión, el tribunal “debe actuar con rapidez para que dé tiempo a que si valida la ley, se pueda celebrar la consulta”.
Pero entre el independentismo crecen los partidarios de desacatar una sentencia desfavorable del Tribunal Constitucional, desacreditado para muchos desde que en 2010 privó a Cataluña del estatus de “nación” al recortar parcialmente un estatuto de autonomía aprobado en referéndum en 2006.
A partir de entonces, con el trasfondo de la fuerte crisis económica que afectó con especial virulencia a una endeudada Cataluña, el independentismo se disparó.
Indignados con la suspensión, miles de manifestantes vestidos de amarillo acudieron a las manifestaciones convocadas por Omnium y Asamblea Nacional Catalana, las entidades al frente de las masivas movilizaciones de los últimos años que piden desobedecer al tribunal.
En Barcelona, los independentistas desbordaron la histórica plaza Sant Jaume, donde se encuentran el gobierno regional y el ayuntamiento. En un balcón, un panel digital marcaba la cuenta atrás para la consulta: 39 días, 5 horas y 52 minutos.
“¡No hay nada que nos pueda detener! Ni mucho menos un tribunal de Madrid que no tiene ninguna credibilidad y no merece ningún respeto”, aseveró Muriel Casals, presidenta de Omnium, acompañada por representantes de los principales partidos nacionalistas.
Señal de inquietud por un conflicto cada vez más enrocado, la agencia de calificación Fitch puso el lunes en perspectiva negativa la nota de Cataluña, en vistas a una eventual degradación, “reflejo de la tensión creciente” entre ambos gobiernos.
