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El Estado y la Religión

Archivo | Filippo Monteforte | AFP
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Quien busque un tema, ámbito o centro nervioso que sea de verdad trascendente para la estabilidad democrática de una nación, difícilmente encontrara una relación
más compleja y decisiva que el vínculo entre Estado y Religión, o entre el sistema político y las Iglesias.



Desde los primeros pasos del hombre en cuanto ser social, fuese tribu, comunidad o nación, desde sus primeros esfuerzos productivos para comer, vestirse y cobijarse, cuando sus pertenencias y propiedades eran lo mínimo, desde que se forjaron e instalaron sus relaciones económicas y sociales, desde entonces surgieron y/o coexistieron los Estados y las Iglesias y se instalaron en la cúspide del sistema político y la cultura, en el largo e incesante proceso de evolución propio de la civilización humana.

Entre ambos se estructuró una huella azarosa, unas veces se dieron la mano y otras se enemistaron, en ocasiones hicieron la paz y en otras la guerra. El poder, la dirección de los asuntos de cada sociedad, ha tenido siempre presente ambas voluntades e inspiraciones que se expresan en una resuelta vocación de dirigir, de influir y determinar; la política y la religión son parte inarrancable de la historia humana.

En los albores de la civilización estas voluntades tan decisivas se fusionaron en monarquías teocráticas, cuya base de legitimación pacífica o, el uso de la coacción a fin de aplacar disidencias, operaba desde una figura que detentaba el poder temporal emanado y entregado por mandato divino.

Esto era sumamente ventajoso para los autócratas. A la cabeza de gobiernos precarios, enemigos de toda oposición, frecuentemente expansionistas, sobrepasados por penurias y demandas que escapaban a sus posibilidades de solución, su frágil temporalidad se trataba de sostener en la intemporalidad incuestionable de Dios. 

En aquella época hubiese sido inviable la separación permanente de ambas voluntades. En caso de rupturas el equilibrio prontamente se restablecía. Estado y religión se retroalimentaban, podían enfrentarse, para prontamente debían reconciliarse. Fuesen reyes o faraones, zares o sultanes, naciones o reinos eran regidos por una sola voluntad, la fuerza material y espiritual se movían bajo la dirección de un único centro de poder, concentrador y excluyente.



La democracia como sistema político, la diversidad y la tolerancia como valores ideológicos aún debían esperar. En el ámbito de las ideas se podían encontrar gérmenes valiosos que perdurarían a pesar del paso de los siglos, como el periodo de la República anterior al Imperio romano o en las deliberaciones de la democracia ateniense, a pesar de ser reducida a quienes detentaban la propiedad, incluida en ella la posesión como mercancías de seres humanos, los esclavos.



Sin embargo, esa época de absolutismo ya pasó. La fuerza de la inteligencia humana fue capaz de abrir nuevos caminos que promoviesen y albergasen más apropiadamente el desenvolvimiento de la civilización. El dominio de uno o de muy pocos se transformó en un lastre. Sus brutalidades y corrupciones se hicieron intolerables. En ese proceso el Estado y la religión tuvieron que separarse. Cada cual debió circunscribirse a lo suyo. La política no debía usar o manipular la fe en su provecho y tampoco la fe interferir en la política con fines confesionales. Se deben respeto y tendrán que coexistir cada cual en su propia naturaleza.



Como es obvio, este no es un proceso lineal; de modo especial, diferentes dictadores han apelado a supuestos orígenes divinos del poder del cuál se han apoderado, en un vano intento de justificar las tropelías de sus regímenes. También en las 
Iglesias hay resabios o criterios intolerantes o integristas que se hacen la idea que el Estado actúe con lógica confesional.

Más fecundo será el aporte de cada cual si el Estado se orienta al bien común, implementando los amplios mecanismos participativos de una sociedad democrática y si la religión 
vela y salvaguarda el ejercicio libre y sin coacción alguna de la fe en que cada  persona se inspire y sea portadora. Tal es el sentido del Estado laico y no confesional. Se funda en la separación del Estado y la Iglesia y el respeto irrestricto entre creyentes y no creyentes, se fundamenta en el valor de la tolerancia que tanto esfuerzo le ha significado al ser humano, para asumir y practicar.

En el presente, la irrupción del auto denominado Estado Islámico como 
instrumento de opresión de una casta sacerdotal, de carácter terrorista, dispuesta al implacable ejercicio del poder para alcanzar sus propósitos, representa un duro rebrote de las más perversas expresiones de intolerancia religiosa que ha conocido el ser humano. Sus crímenes compiten con el peor periodo de la Inquisición.


Esto nos recuerda que la evolución humana hacia un sistema democrático, coherente con el sueño de Abraham Lincoln, concebido como “el gobierno del pueblo, por y para el pueblo”, es todavía una idea-fuerza en desarrollo, sujeta al curso de inevitable experimentación del proceso histórico.

El Estado que intentó suprimir el libre ejercicio de la fe fracasó rotundamente. En la ex Unión Soviética, luego del derrumbe del comunismo como sistema estatal, millones de creyentes retomaron con más vigor sus creencias, aunque ellas hubiesen sido practicadas por sus familiares ya fallecidos. La fe no se puede suprimir.

Asimismo, la religión que intenta erigirse en Estado conduce a un despiadado integrismo como lo enseña dramáticamente la experiencia de los talibanes en Afganistán y ahora de los islamitas en  Irak y Siria, que intentan ejecutar una especie de Inquisición musulmana. La libertad del ser humano es incompatible con cualquier integrismo, sea del signo que sea.

De modo que resulta trascendente la afirmación del Papa Francisco: “que nadie piense que puede escudarse en Dios cuando proyecta y realiza actos de violencia y abusos”. 

La fuerza de las religiones es incalculable, de allí que esta definición esencialísima de la máxima autoridad de la Iglesia Católica es fundamental, lo primordial tanto para el Estado como para toda Religión es el respeto irrestricto a la dignidad del ser humano y al pleno respeto de sus derechos inalienables. Ello es lo que asegurara la paz social y la estabilidad democrática de las naciones.

Camilo Escalona
Presidente del Instituto Igualdad y ex presidente del Senado

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