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BID y Paz Ciudadana culminan diagnóstico que identifica principales nudos del sistema criminal

ARCHIVO | José Zúñiga | Agencia UNO
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El Banco Interamericano de Desarrollo y Fundación Paz Ciudadana culminaron la primera fase del trabajo que pretende instalar en Chile una política nacional de seguridad pública con miras al 2030, identificando los principales nudos que enfrenta en la actualidad el sistema de justicia penal.

En un seminario organizado por ambas instituciones en Santiago, las instituciones dieron cuenta del análisis que realizaron más de 50 expertos en la materia durante seis meses, quienes alertaron de tensiones en el proceso en materia de atención a víctimas, la falta de un protocolo institucional para las primeras diligencias, el uso marginal que se le da a mecanismos alternativos de resolución de conflictos o problemas de coordinación entre las instituciones.

Asimismo, identificaron una falta de transparencia para acceder a información que permita controlar el funcionamiento del sistema de justicia penal en su conjunto y una evidente dificultad para innovar, como por ejemplo, mediante el desarrollo de programas pilotos en las instituciones.

En representación del BID, Carlos Cordovez, dijo que es necesario que los cambios al sistema judicial en su conjunto superen la lógica política diaria. “Los temas de seguridad deben dejar de ser materias de campaña, o en los gobiernos, una política para apagar incendios”, dijo.

Catalina Mertz, directora ejecutiva de Paz Ciudadana, señaló que el apoyo de los gobiernos a reformas estructurales debe realizarse con mirada de Estado, “que le permita recoger lo que ya se ha hecho bien y avanzar decididamente —fuera de la discusión política partidista o la contingencia— en políticas de largo plazo para el país, sobre todo en temas tan sensibles como lo son la seguridad pública, la delincuencia y la justicia”.

Mertz explicó que los expertos concordaron propuestas como el avance en la reforma al Código Penal, la creación de un consejo técnico que permita a los órganos mejorar la calidad de sus decisiones, resolver las tensiones con las víctimas de los delitos, dotar de mayores recursos al Ministerio Público, y contar con lineamientos claros que guíen tanto la política criminal y los procesos de modernización necesarios.

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