La jornada de este jueves ha estado marcada por trascendidos surgidos desde la ANFP, que indican que las modificaciones que se preparan a la ley n° 19.327 -que vigila la seguridad en espectáculos de fútbol profesional- harían peligrar incluso la realización de la Copa América 2015 en nuestro país.
Lo anterior, debido a que dentro de los cambios se entregarían atribuciones a intendentes de participar en la programación de los duelos, lo que contravendría los estatutos de la FIFA y Conmebol -que responden a la Carta Olímpica internacional- sobre la intervención gubernamental en el desarrolló de la actividad deportiva.
Esta situación ha sido interpretada como una forma de ‘presionar’ por parte de la ANFP previo a la discusión de los cambios. Además, una vertiente de opinión plantea la falta de claridad sobre si ese posible castigo sería ajustado a la situación que se podría generar, pensando que las medidas apuntan principalmente a funciones de la ANFP, mientras que el asociado a la Conmebol y la FIFA es la Federación de Fútbol de Chile, un órgano que controla las selecciones nacionales.
Más allá de las dudas -y apuntando a bajarle el perfil a las reacciones surgidas en estas horas-, desde el Plan Estadio Seguro difundieron un comunicado que indica que “el espíritu del proyecto de ley que modifica la actual normativa es respetar la autonomía de la ANFP en cuanto a su facultad de programar los espectáculos de fútbol profesional, en el marco de un estado de derecho que cuida a las persona”.
El escrito además asegura que las nuevas medidas “en ningún caso atenta contra la organización de estos certámenes, sino que al contrario, entrega más y mejores herramientas a los organizadores, para que se desarrollen en armonía y sin contratiempos”.
Te dejamos con el escrito difundido por Estadio Seguro
Respecto de informaciones aparecidas en la prensa esta mañana, en las cuales fuentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) señalan que Chile podría perder la sede de la Copa América 2015 por las reformas a la ley Nº 19.327, que fija normas para la prevención y sanción de hechos de violencia con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, es justo precisar lo siguiente.
1.El espíritu del proyecto de ley que modifica la actual normativa es respetar la autonomía de la ANFP en cuanto a su facultad de programar los espectáculos de fútbol profesional, en el marco de un estado de derecho que cuida a las personas.
2.La facultad de programar los espectáculos de fútbol profesional de los diferentes torneos corresponde a la ANFP. Es una facultad que es así, ha sido así, y seguirá siendo así incluso si se aprueba el proyecto de ley que hoy se discute en el Congreso.
3.La facultad de las Intendencias Regionales y Gobernaciones Provinciales respecto de poder suspender un partido, son exclusivamente por razones fundadas en el resguardo del orden público y de la seguridad, tanto de los asistentes a los estadios con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, como también de los ciudadanos en general, tanto en las inmediaciones a los estadios como en hechos conexos al evento deportivo. En ningún caso esta facultad responde a razones deportivas, las cuales seguirán siendo exclusiva responsabilidad de la ANFP.
4.La ANFP está invitada a participar en una sesión de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados en la cual se discutirá sobre el proyecto de ley. Y desde el ejecutivo se les ha señalado que dicha instancia de participación democrática es el lugar que corresponde para expresar ideas que persigan el perfeccionamiento de la normativa que busca brindar bienestar y seguridad a los ciudadanos, y que si es necesario se explicará para no alterar la autonomía de la ANFP para programar los partidos y torneos.
Finalmente, se hace necesario destacar que hace varios meses el Gobierno está trabajando en coordinación con los comités organizadores locales de la Copa América y la Copa del Mundo Sub 17, con el objetivo de brindar seguridad y bienestar a quienes asistan a dichos torneos, así como también colaborar desde el Estado en la logística que involucran ambos eventos. El proyecto de ley en ningún caso atenta contra la organización de estos certámenes, sino que al contrario, entrega más y mejores herramientas a los organizadores, para que se desarrollen en armonía y sin contratiempos.
