El impacto económico que significaría anular la Resolución de Calificación Ambiental para el proyecto MAPA fue uno de los argumentos esgrimidos por el abogado de la celulosa Arauco en los alegatos por el recurso de comunidades lafkenches.

Ante los ministros de la Corte de Apelaciones de Concepción el abogado Ramón Domínguez señaló que un fallo que acoja la acción legal y revierta la luz verde a la ampliación de la planta en Horcones, dejaría a la región del Bío Bío sin una inversión de 2.300 millones de dólares y sin los nuevos puestos de trabajo que la iniciativa plantea.

Paula Villegas, abogada de los grupos lafkenches que cuestionan la aprobación del llamado proyecto MAPA sin una consulta indígena como lo ordena el Convenio 169 de la OIT, calificó de pseudo presión el argumento de la celulosa Arauco.

Intervino también en la vista del recurso de protección ante la Tercera Sala, además del representante de la celulosa Arauco, ambos pidiendo el rechazo del libelo, el abogado de la Intendencia del Bío Bío, Ernesto Reyes. Los profesionales se excusaron de hacer declaraciones.

La abogada Villegas dijo estar optimista de una sentencia favorable, recordando que incluso la Conadi reconoció a través de un informe a la justicia que la consulta realizada en el marco del estudio de impacto ambiental del proyecto MAPA no se ajustaba al Convenio 169.