Tras casi dos meses de trabajo, la comisión de la Alianza, conformada por nueve expertos y encabezada por los diputados de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida y de la UDI, Arturo Squella, finalizó el informe con las propuestas para modificar la ley antiterrorista, la que no ha sido reformada desde 2011.
El documento al que tuvo acceso Radio Bío Bío, contiene 39 páginas y fue denominado, “Perfeccionamiento de la institucionalidad antiterrorista y la prevención temprana de la violencia”. En él, proponen veinticinco reformas que pretenden entregar este martes al Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.
Esta comisión se conformó paralelo a la del Gobierno, que está liderada por el abogado Juan Pablo Hermosilla. Los cinco criterios elaborados dentro del informe son: avanzar hacia una política de Estado en la materia, contar con un estatuto especial antiterrorista, generar un consenso en torno a la prevención temprana de la violencia, reforma integral pro eficacia y políticas públicas que evolucionen hacia programas basados en la evidencia.
Luego del bombazo del Subcentro del Metro Escuela Militar, el debate sobre la modificación de esta normativa se acentuó.
Además, parlamentarios de la Alianza señalaron que el Gobierno debe ser consecuente y aplicar la ley antiterrorista tanto en los casos de Santiago como en los que afectan la Región de la Araucanía.
En esa línea algunas de las reformas que el documento propone son: constitucionales legales estableciendo un nuevo tipo penal terrorista, aumentar penas en materia de financiamiento del terrorismo, incorporar nuevas técnicas investigativas, agentes encubiertos, regular la figura de la delación compensada, entre otras.
El diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, afirmó que Chile necesita una ley antiterrorista eficaz, que no se pueda dudar de su aplicación si alguien pone una bomba.
Fuenzalida, indicó que para eso proponen un nuevo delito terrorista que sanciona aquellas conductas que afecten la vida, integridad física o la libertad de las personas y que tengan el efecto de causar temor en la población o grupo determinado.
De esta forma, se objetiviza el tipo sin requerir la prueba de la intencionalidad del autor que contempla la actual legislación, puntualizó.
El parlamentario agregó que ésta es una propuesta integral que no sólo reforma la ley antiterrorista, sino que a toda la institucionalidad para hacer frente a estos hechos. En ese sentido, el informe también plantea modificaciones a la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI.
Ésta, de acuerdo al diputado, debe ser una agencia técnica, independiente del Gobierno de turno, siendo un órgano colegiado, en donde sus integrantes sean nombrados por el Presidente y la conformidad del Senado.
Otras de las modificaciones que escapan de la ley antiterrorista apuntan a incorporar como agravante de delito a personas que afecten bienes durante una manifestación de carácter público o masivo, aumentándose también en caso de esconder su identidad.
La propuesta busca también sancionar con multas a aquellas personas que asistan con rostro cubierto a manifestaciones, iniciativa similar a la ley de resguardo al orden público, más conocida como “Ley Hinzpeter”, que fue rechazada el año pasado en el Congreso.
El diputado de Renovación Nacional, señaló que este martes le pedirán audiencia al Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, para entregarle el documento con el cual pretenden perfeccionar las iniciativas del Gobierno o formular un proyecto de ley alternativo.
Para revisar el documento completo, puedes descargarlo aquí.
