Dirigentes del Departamento de Profesores Jubilados de la región Metropolitana entregaron en La Moneda una propuesta gremial dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, que permitiría reparar la deuda histórica del magisterio, tomando como base el acuerdo del Congreso en 2009 que planteó un aumento general de las pensiones.
Una de los portavoces, Bery de la Fuente, explicó que “en la carta, que no es la única en estos últimos 30 años, proponemos específicamente la reparación a la deuda histórica, porque en este momento es imposible pagar la totalidad de ésta”.
“La cifra es inmensa y quebraríamos el Estado si hubiera que pagar el total a unos 90 mil profesores, de los cuales han muerto muchos”, expresó De la Fuente.
Asimismo, recordó que el problema se originó a raíz del traspaso de los profesores desde el Ministerio de Educación al sistema municipalizado durante la dictadura, porque “fuimos muy dañados previsionalmente al tener una cantidad menos de ingreso al fondo previsional. Fue muy menor y hoy como resultado de esto, las pensiones son pobrísimas. Los profesores jubilados estamos en la pobreza absoluta”.
Sobre la carta dirigida a la mandataria, el dirigente sostuvo que explica “la propuesta que hizo el Congreso Nacional en 2009 de reparación, en que planteaba unos bonos y alza general de las pensiones”.
“Esa Comisión del Congreso la hizo la presidenta Bachelet durante su gobierno anterior y posteriormente nada se concretó, y el mismo Día del Maestro nos dijeron que no había deuda. Nosotros en la carta recordamos eso de que hubo una propuesta de la Comisión de la Cámara de Diputados, la cual ofrecía una posibilidad de reparación”, recalcó.
Al respecto, agregó que “el Congreso por unanimidad apoyaba la propuesta de la Comisión, pero la ley tiene que surgir desde la Presidencia. Con este sistema presidencial que tenemos, sobre todo si implica dineros, tiene que salir de la Presidencia de la República”.
“La deuda histórica a los profesores existe, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emitió un comunicado declarando admisible la deuda, y también hizo lo mismo la Organización Interamericana del Trabajo (OIT), pero el estado chileno no se pronuncia al respecto”, añadió.
Sobre este último punto, De la Fuente dijo que “los profesores en algunas oportunidades han entablado juicios y algunos se ganaron y otros se perdieron. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, encontró admisible la presentación que hicieron 700 profesores afectados por la deuda histórica, pero los municipios, que son los que tienen que pagar, se declararon que no tenían dinero, y además los bienes municipales son inembargables. Y eso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
