La justicia boliviana pidió a su símil chilena la extradición de Robert Lenin Sandoval López (44), un dirigente opositor al gobierno de Evo Morales, requiriendo su arresto inmediato, pues se encuentra declarado “en rebeldía”.
Según informó ‘The Clinic‘, Sandoval López es buscado por delitos de sedición, instigación pública, asociación delictuosa, fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas y tortura, entre otros, tras verse implicado en 2008 en una manifestación contra el oficialismo, en la ciudad de Sucre.
El pedido se produce casi seis años más tarde, luego que fuera anulado el primer juicio y se iniciara uno nuevo en 2012 contra Sandoval López y al menos otros seis acusados por los mismos ilícitos.
La Corte Suprema chilena designó al ministro Ricardo Blanco, quien analizó los antecedentes. Posteriormente el Ministerio Público se hizo parte en el caso a través del director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones Eduardo Picand.
La legislación nacional establece que cuando un estado extranjero solicita la extradición de uno de sus connacionales, es la fiscalía chilena la que asume su representación.
El proceso en Chile es sustanciado por Blanco y debe ser confirmado o revocado por la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema.
Según los antecedentes enviados por Bolivia, Sandoval López registra tres direcciones en Chile. Dos en el norte grande y una en Santiago.
El ministro Blanco, ordenó a Interpol Chile que lo ubique para que comparezca en la Suprema, rechazando momentáneamente la solicitud de detención solicitada por la autoridad vecina. Dicha audiencia quedó fijada para el próximo 16 de septiembre, oportunidad en que el magistrado resolverá si dicta la medida cautelar.
Más allá de los antecedentes procesales enviados por la justicia boliviana, Sandoval López fue detenido en 2008 en Bolivia sin autorización judicial y su caso ha sido denunciado, como también el juicio, como una violación de derechos humanos.
Todo lo anterior, ocurrió en el marco de la represión desplegada por las fuerzas policiales en contra de una manifestación gatillada por nueva constitución, que dejó varios muertos, pero que de todas formas fue aprobada.
