El intendente del Bío Bío, Rodrigo Díaz, aseguró que nunca se ha comprometido con comunidades lafquenches de Arauco, para invalidar la consulta indígena del proyecto MAPA, e insistió que el asunto debe resolverse en los tribunales ambientales.
El viernes pasado iban a ser los alegatos del recurso de protección, que agrupaciones mapuche interpusieron contra el Servicio de Evaluación Ambiental y el Gobierno Regional, por la aprobación del proyecto de ampliación de la celulosa Arauco en Horcones.
Sin embargo, la vista de la causa fue suspendida en la Corte penquista, hasta donde habían llegado dirigentes de tres comunidades que se sienten afectadas.
En esa oportunidad, dijeron que el gobierno actuaba con hipocresía, pues hace menos de un mes de visita en la zona, el intendente se habría comprometido con ellos a anular la consulta indígena y realizar una nueva.
Rodrigo Díaz negó de plano haber tenido este compromiso con ellos. Dijo además que el asunto debiese estarse analizando en el tribunal ambiental y no en la justicia ordinaria.
La primera autoridad regional reconoció el derecho que tienen los habitantes de esa zona de Arauco, a interponer acciones judiciales si estimaron que la consulta indígena no se llevó a cabo de la manera que establece la OIT.
La evaluación ambiental de este megaproyecto de ampliación de Horcones, que la convertiría en la planta de celulosa más grande de sudamérica, fue la primera iniciativa de envergadura en que el Servicio de Evaluación Ambiental aplicó en la zona esta consulta, que varias comunidades hoy desconocen.
