El Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) alistan gira a España y Estados Unidos para coordinar un intercambio de experiencia en la prevención e investigación de grupos terroristas. Dentro de las medidas se contempla dotar de facultades operativas a la ANI, como contratación de agentes encubiertos, iniciativa que desde ya genera divisiones en el mundo político e inclusive al interior de la Nueva Mayoría.

Este lunes a las 14:05 horas se cumplirá una semana de la detonación de una bomba en el SubCentro de la estación del Metro Escuela Militar, y 2 meses y un día de que una artefacto de similares características estallara al interior de un vagón en la estación los Dominicos, ambos en Las Condes.

Dos hechos que se suman a las 261 bombas instaladas en Chile- 130 detonadas- desde el 2008, sin que las policías tengan individualizados con pruebas reales quiénes están tras los ataques. A esto se suma que tampoco las policías advirtieron al nivel central a través de sus departamentos de inteligencia, del aumento de violencia del o los grupos como lo vivido en los últimos meses. Por esto, La Moneda tomó los hechos como un antes y un después en la forma en que operan los hasta ahora desconocidos.

En este contexto, la administración de Michelle Bachelet aceleró la decisión de reformular las leyes vinculadas a esta temática. Tanto endurecer la Ley Antiterrorista, cambiar aspectos la Ley de Control de Armas, como modificar la Ley de Inteligencia o Ley 19.974 que data de octubre del 2004.

Esta última debería ingresar al Congreso el próximo mes, para lo cual trabajan en sus modificaciones desde Ministerio del Interior y contemplará varios cambios especialmente a la Agencia Nacional de Inteligencia. Entre ellos, se cuenta aumentar la asignación de presupuesto, que en la actualidad llega a 5 mil millones de pesos, para las mejoras en nivel de análisis y prevención, pero también dotar al organismo de mayores facultades operacionales.

En esa línea aparece con un rol protagónico de coordinación de la inteligencia policial, los agentes encubiertos bajo una estructura similar a la que ostenta la Ley 20.000, según explicó este fin de semana el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

Para dicha evaluación, el Ministerio del Interior, tal como lo indicamos la semana pasada en Radio Bío Bío, inició contactos con España y Estados Unidos, quienes tienen experiencia en el combate contra grupos calificados como terroristas.

Por esta razón dentro de las próximas semanas Interior y la ANI están agendando una gira a esos dos países para recabar experiencias en la prevención, investigación y cómo desarticulan los grupos. También incluye una revisión a la legislaciones de esos gobiernos, como las atribuciones del “GEO” Grupo Especial de Operaciones” de la policía nacional ibérica.

En esa línea el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Marco Vásquez, afirmó que la visión de su institución apunta a que se deberá nutrir de mayores facultades para trabajar.

No obstante, la nueva legislación avizora desde ya una ardua discusión, aunque en La Moneda se apuran en señalar que será distinta a la ocurrida hace una década, ya que ahora parte del actual oficialismo está a favor de entregar facultades a un ente como la ANI.

Así lo afirmó el timonel del PS, Osvaldo Andrade, quien salió a respaldar la agenda que busca impulsar el gobierno. Subrayó que no vetarán ningún punto de los que hasta ahora se han propuesto.

La DC también se ha sumado a esta iniciativa. El diputado DC Gabriel Silber explicó que es necesaria la unidad sobre la materia.

El ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez – Ominami, sostuvo que es necesario transformar la forma que opere la inteligencia, pero siempre bajo el Estado de Derecho.

Pese a esto, desde el PC y algunos sectores más de izquierda del pacto Nueva Mayoría piden mayor mesura a la hora de la discusión sobre la entrega de facultades operativas de la nueva agencia de inteligencia, al igual que la Alianza que advirtió que las atribuciones deben entregarse a la fiscalía y policías.

En esa línea, el vocero de Gobierno Álvaro Elizalde llamó a todos a sumarse a la reforma, ya que dijo son necesarias para garantizar la seguridad y la democracia.

Recordemos que antes del 30 de septiembre llegará al Congreso la reforma a la Ley Antiterrorista, para su discusión.