Luego que el gobierno abriera el debate en el Congreso sobre el futuro de la ley de amnistía, los legisladores deberán decidir si anulan o derogan la ley que permite a algunos autores de crímenes de lesa humanidad no cumplir condena de cárcel.
Al respecto, el abogado José Zalaquett, quien trabajó en el informe Rettig y la mesa de diálogo sobre derechos humanos, en declaraciones al diario el Mercurio, dijo que podrían haber efectos adversos en el sentido de que se reconocería que esta ley no existió y por ende debería ser retroactiva.
Zalaquett además agregó que más allá del gesto político, podría traer un retroceso a las causas donde se aplicó la amnistía y se deberían mantener las cosas como están.
Sobre estas declaraciones, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, indicó que es necesario legislar acorde a los tiempos, a pesar de la polémica generada por la medida.
Además, el secretario de Estado aseguró que es importante que el debate se dé en el parlamento, y que los tribunales deberán decidir la factibilidad sobre las medidas que impulsará el gobierno en materia de derechos humanos.
Desde la agrupación de familiares de ejecutados políticos, Mirella García, declaró que es necesario que la legislación se adecue a las normas internacionales, ya que esta ley tiene efectos jurídicos, pero su esencia es completamente política.
García agregó además que las palabras del abogado Zalaquett, son poco complacientes en favor de las familias de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
Finalmente, el ministro José Antonio Gómez, aseguró que es importante este debate para generar un cambio a una legislación que cree que no corresponde que exista en nuestro país, habiendo situaciones tan graves en temas respecto a violaciones a los derechos humanos.
