Un número mínimo de 16 efectivos del GOPE y el Labocar de Carabineros debe movilizarse cada vez que se reporta una denuncia por presunta presencia de artefacto explosivo, ya sea real o con afanes distractivos.
Si se consideran las últimas 72 horas, los funcionarios policiales han debido responder al menos 4 llamados que finalmente no alertaban de ningún peligro para la población, lo que representa una importante pérdida de personal y también de dinero.
Según estimaciones publicadas por La Tercera, los traslados y la el costo de la hora-hombre destinada a los falsos avisos se traduce en el desembolso de casi 3 millones de pesos por parte de Carabineros de Chile.
Las cifras que recoge el matutino indican que los bultos que motivaron operativos entre 2010 y 2013 alcanzaron los 857, y en lo que va de 2014, el número de concurrencias policiales llega a 26.
En vista de las dificultades que traen los avisos infructuosos, sean sospechas o finalmente falsas alarmas, el gobierno decidió querellarse en contra de quienes resulten responsables de la distracción del presupuesto de Carabineros.
De dar con culpables, la acción judicial podría derivar en penas de 61 a 540 días de presidio para quienes se sindiquen como autores de falaces alarmas explosivas y, por ende, del desperdicio de cuantiosos recursos.
