Con disculpas públicas por parte del gobernador de la provincia de Osorno Gustavo Salvo, y su compromiso de enviar un oficio al Ministerio de Desarrollo Social en el que se exprese la molestia de un grupo de comunidades indígenas de la zona, terminó la jornada de Consulta Indígena que desarrolla el gobierno de Michelle Bachelet en todo el país.

El proceso comenzó con normalidad pasadas las 10 de la mañana, llegando cerca de 60 dirigentes hasta el Centro Cultural de la ciudad.

Hasta el lugar también hizo su arribo uno de los integrantes de la unidad de consulta indígena del Ministerio de Desarrollo Social, Miguel Huaracan, quien se refirió a la serie de cuestionamientos que han existido al proceso por parte de las propias comunidades, principalmente por la aplicación del resistido decreto 66, que regula el proceso de consulta estipulado por el Convenio 169 de la organización internacional del Trabajo.

El representante de gobierno sostuvo que se trata de una norma heredada por la administración de Sebastián Piñera, la cual fue aprobada en el mes de marzo, descartando que haya sido un compromiso de campaña de la actual presidenta Bachelet, pues en ese tiempo no existía.

Ya a esa altura, Francisco Vera Millaquen, representante de las comunidades indígenas de la región de Los Lagos, contradecía tal versión, argumentando que finalmente el decreto 66 es una modificación del 124, que fue impuesto en la anterior administración de Michelle Bachelet y que siempre fue resistido por los pueblos originarios.

Agregó también que tal como los decretos 124 y el 40, el 66 debe ser derogado, pues ha sido el propio Tribunal Constitucional el que ha confirmado que no se necesita una reglamentación especial para la aplicación de las disposiciones de la carta internacional.

Sin embargo, pasadas las 13 horas la reunión se trasladó hasta la gobernación provincial de Osorno, donde llegaron una cincuentena de dirigentes Huilliche de diversos puntos de la ciudad de Osorno, motivando un intenso operativo policial y desatando la molestia de los comuneros, los que pese a todo lograron entrar y reunirse con Gustavo Salvo.

Allí se dejó ver una serie de encuentros verbales entre la primera autoridad provincial y los dirigentes, quienes expresaron toda su frustración frente a la aplicación de la consulta y al trato recibido en la dependencia pública, tal como lo hizo ver Elías Huanquilen, presidente del Consejo de Comunidades de la Comuna de San Pablo.

Por su parte, Ximena Lican, presidenta del Consejo de Comunidades Rurales de Osorno, sostuvo que ante todo el clima de disconformidad en las comunidades indígenas, la consulta debe ser postergada, hasta que no se revise la situación del decreto 66.

Tras escuchar los emplazamientos de los dirigentes indígenas, el gobernador Gustavo Salvo terminó pidiendo disculpas públicas por el despliegue policial generado, además de reconocer que comparte los planteamientos de los comuneros mapuche.

Además aceptó enviar un oficio a la ministra de Desarrollo Social Fernanda Villegas para que llegue a la zona para dialogar, la principal exigencia de los dirigentes indígenas.

Tras ello, los comuneros se retiraron del lugar, reconociendo que pese a la molestia confiarán nuevamente en las autoridades que aseguraron en su momento incluso apoyaron electoralmente.

De todos modos remarcaron que continuarán convocándose, no descartando movilizaciones si es que la actual postura del gobierno no cambia.