El Senado argentino aprobó pasada la medianoche del miércoles un proyecto de ley para cambiar la sede de pago de su deuda de Nueva York a Buenos Aires, y que incluye a París como sede alternativa, en una medida que busca sacar al país del default selectivo evitando el bloqueo de fondos en Estados Unidos.

El proyecto que ahora debe ser tratado por la Cámara de Diputados, fue aprobado por 39 votos a favor, 27 en contra y dos abstenciones, en el final de una maratónica sesión que fue transmitido por televisión.

El debate áspero había comenzado la tarde del miércoles en el Senado, con una oposición a la presidenta Cristina Fernández en minoría y contraria al proyecto.

La bancada oficialista propuso el miércoles agregar al dictamen que Francia (plaza financiera de París) sea otra alternativa, además de Argentina, al cambio de lugar de cobro para los bonistas. Asimismo, creó una comisión bicameral para investigar el origen de la deuda externa desde 1976.

De aprobarse en Diputados, la reforma abrirá nuevas ventanillas de cobro, entre ellas París u otro lugar que elijan los bonistas, como forma de poner fin al congelamiento de fondos dispuesto por el juez Thomas Griesa, del Distrito Sur de Nueva York a dinero depositado en el Bank of New York (BoNY).

Argentina depositó allí 539 millones de dólares para pagar a bonistas que aceptaron canjes de deuda en 2005 y 2010 (93% de los acreedores), pero el magistrado dispuso un cerrojo sobre el dinero que llevó al país al default selectivo a fines de julio.

El juez tomó la decisión para presionar a Argentina a cumplir una sentencia que la obliga a abonar el 100% de una deuda por 1.330 millones de dólares a fondos especulativos que le ganaron un juicio.

El magistrado anticipó que la iniciativa argentina de modificar la sede de pago es “ilegal” y convocó a otra audiencia para el 10 de setiembre.

- Financistas aliados de Argentina -

Las calificadoras de riesgo tienen una expectativa negativa sobre el éxito de la medida, pero el magnate mexicano David Martínez Guzmán, dueño del fondo de inversión Fintech Advisory, anunció que aceptará la ley en trámite.

“Es una medida correcta que debe tomar un país soberano ante un ataque judicial indebido”, dijo Martínez, con fuertes inversiones en Argentina y poseedor de bonos soberanos por casi 1.000 millones de dólares.

“Probablemente esta sea la decisión más correcta, puede ser la solución”, dijo recientemente a radio Vorterix Tulio Zembo, representante de unos 450.000 pequeños bonistas italianos.

También tenedores europeos de bonos pidieron a la Corte de Apelaciones de Nueva York que suspenda el bloqueo dispuesto por Griesa.

Por otro lado fondos de inversión, entre ellos Quantum Partners, del multimillonario George Soros, iniciaron una demanda judicial contra el BoNY para reclamar su dinero.

- Áspero debate -

La senadora Laura Montero (UCR, socialdemócrata) tachó de “inadmisible” el proyecto y acusó al gobierno de “buscar soluciones mágicas para este brete en el que se han metido irresponsablemente”.

De su lado el senador oficialista Anibal Fernández advirtió que rechazar la ley “es acompañar la gestión de Griesa”.

“El plan de los ‘buitres’ es atacar la moneda, al gobierno, bloquear pagos, entorpecer el crédito internacional y esperar que el nuevo gobierno les pague”, dijo.

El senador opositor Juan Basualdo (Frente Renovador, peronista disidente) cuestionó la capacidad del proyecto de generar la confianza de los acreedores.

“Lo que viene mal no es la ley ésta, viene mal todo el modelo. Hay gente sin trabajo, fábricas que están cerrando, problemas en el sector productivo. En ese marco, ¿a quién vamos a convencer de que el Banco Nación va a ser más creíble?” que el BoNY, se preguntó.

- El dilema RUFO -

Argentina quedó entre la espada y la pared debido a que si paga el 100% a fondos especulativos está obligada por contrato por una cláusula llamada RUFO, a extender el beneficio a todos los acreedores, lo que significa enfrentar pagos por más de 120.000 millones de dólares.

Las reservas del Banco Central alcanzan a los 28.500 millones de dólares. La deuda se remonta a préstamos pedidos entre 1990 y 2000. En 2001 el país declaró una colosal moratoria por casi 100.000 millones de dólares.

Desde 2003, el gobierno lleva pagados 173.000 millones de dólares de la deuda, según cifras oficiales.

Analistas consultados por la AFP, como el director de la consultora Hacer, Pablo Tigani, dijeron que el gobierno sólo está haciendo tiempo hasta enero de 2015, cuando caduque la cláusula RUFO y pueda negociar como lo hizo con las deudas con la petrolera española Repsol y el Club de París.

La nueva ley también reabre el canje para el 7% de tenedores que lo rechazó. La reestructuración implicó quitas de capital de 45% a 75%, pero los nuevos bonos arrojan altos rendimientos.

La tensión derivada del default parcial presiona el precio del dólar en un país con escasez de divisas, y la brecha entre dólar oficial y paralelo alcanza 70%.