Este jueves se desarrolló la última jornada de trabajo de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que revisó la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño.

Por decisión unánime, los cinco parlamentarios que integran la instancia rechazaron la presentación realizada por 10 diputados en el marco de la investigación por las irregularidades en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Recordemos que se acusa al juez Carreño de haber ocultado un informe elaborado por el Poder Judicial y la Unicef, que revelaba supuestos abusos y vulneraciones a niños de distintos hogares dependientes del Sename, y haber denegado el acceso a una justicia adecuada a los menores y sus familias.

Los tres capítulos de la acusación constitucional constaba de 600 páginas, texto que fue rechazado en su totalidad. El libelo había sido presentado por los diputados René Saffirio (DC), Fidel Espinoza (PS), Iván Flores (DC), Tucapel Jiménez (PPD), Ricardo Rincón (DC), Luis Rocafull (PS), Maya Fernández (PS), Cristina Girardi (PPD), Yasna Provoste (DC) y Alejandra Sepúlveda (Ind).

Los parlamentarios estimaron que en los tres capítulos no hay razones para acusar de “notable abandono de deberes” al magistrado del máximo tribunal del país. Incluso, recordaron que a partir de la revisión de la trayectoria del juez Carreño, destaca su compromiso con los temas de familia y particularmente con la situación de los menores.

A la comisión acudieron distintas personas vinculadas al caso, entre ellos abogados y parlamentarios.

La Sala de la Cámara de Diputados revisará el próximo martes la decisión de la comisión investigadora, que era integrada por los RN José Manuel Edwards y René Manuel García, además de los gremialistas Javier Macaya, Patricio Melero y Arturo Squella, quienes fueron elegidos por sorteo.

En esa audiencia se espera que intervengan los diputados que presentaron esta acusación constitucional.

La Constitución establece que a la Cámara de Diputados le corresponde analizar la procedencia de las acusaciones constitucionales. Si ésta procede, entonces le corresponde al Senado estudiar el fondo del libelo.

Esta decisión no es vinculante para lo que decida la Sala, que deberá pronunciarse tras escuchar al juez Carreño, el que podrá plantear por la vía escrita u oral, la cuestión previa de que esta acusación no cumple con los requisitos que establece la Constitución.

LOS CAPÍTULOS DE LA ACUSACIÓN

El primero capítulo de la acusación señala que Héctor Carreño no cumplió “con los deberes encomendados” como “responsable de la unidad de apoyo a la reforma de la justicia de familia”. Y añade que se abocó a “tareas que exceden las funciones para las que fue nombrado sin apego estricto a la Constitución y a las leyes dictadas conforme a ella, abusando de su posición de superior jerárquico y atendiendo a intereses individuales o de un determinado grupo, y no en servicio de la persona o en razón de lo que es mejor para la comunidad”.

Luego, en el capítulo dos, se indica que el ministro “vulneró” sistemáticamente y de forma “grave los derechos fundamentales de las personas en causas de violencia intrafamiliar” desde 2008.

En el capítulo tres se indica: “La conducta del ministro ante la evidencia de malas prácticas de la justicia de familia en la tramitación de las causas de protección de niños, niñas y adolescentes que en el orden judicial se encuentran viviendo dentro del sistema de protección del Estado. Se habla de vulneraciones de los derechos de los niños y ante la situación de riesgo en que estos fueron encontrados dentro del sistema de protección estatal detectadas en estudios realizados entre el propio Poder Judicial y la Unicef”.