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Familias de víctimas de la dictadura inician campaña que busca el cierre del penal Punta Peuco

Vista del penal Punta Peuco | Agencia UNO
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La agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Chile (AFDD) lanzó este lunes una campaña para pedir cambios legislativos que pongan fin a “privilegios” y a un penal especial para condenados por crímenes durante la última dictadura, entre otros.

“Esta campaña demanda una serie de acciones que hasta el día de hoy no se han cumplido, como el cierre del penal de Punta Peuco, degradación a los criminales que participaron del exterminio, cambiar aspectos del código penal que los protegen o educar en derechos humanos”, explicó la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, en la presentación de la campaña.

Las condiciones de Punta Peuco, donde hoy cumplen condena unos 60 militares condenados por violaciones de derechos humanos, contrastan con la del resto de los 53.000 reos del país, ubicados en cárceles con tasas de hacinamiento del 70% y en regímenes de más precariedad.

Con el lema “Verdad y Justicia: Ahora!”, la AFDD quiere promover acciones para poner “fin a la impunidad” y privilegios de personas que cometieron delitos contra los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Entre las medidas, destaca la degradación de los beneficios carcelarios a los torturadores y la petición para que se revelen los nombres de todos ellos, algunos aún resguardados por una reserva de cincuenta años desde la creación de la comisión oficial que revisó estos crímenes.

También, piden que se termine con la participación de tribunales militares en procesos de derechos humanos y se tipifiquen delitos como la desaparición forzada de personas como crímen contra la humanidad, entre otras.

Las campaña es apoyada por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y por organizaciones sociales, alcaldes de varias comunas, parlamentarios, dirigentes de organizaciones sociales y artistas.

Incluye además seminarios, recitales e intervenciones culturales en recuerdo de los 3.200 muertos y más de 38.000 torturados que dejó la dictadura de Pinochet.

Su objetivo es recordar a las personas desaparecidas, cuando están a punto de cumplirse 41 años del golpe de estado de Pinochet, pero también que se realicen acciones concretas desde el poder ejecutivo, legislativo y judicial.

“El tiempo que podemos recuperar es corto, pues lentamente se impone la impunidad biológica, aquella que deja de sancionar los crímenes de lesa humanidad por muerte de los perpetradores”, afirmó Pizarro.

“No podemos construir una verdadera democracia si en Chile se sigue viviendo con la impunidad”, señaló Pizarro.

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