Los familiares de ex uniformados que se encuentran detenidos en la cárcel de Punta Peuco presentarán un recurso de protección contra Gendarmería y el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, denunciando hostigamientos y discriminación.

Las denuncias hacia la institución penitenciaria se deben a la implementación de un nuevo reglamento que funcionará a partir del 1 de octubre, y que obliga los familiares de los detenidos en el recinto a enrolarse primero en las oficinas centrales del organismo, para después poder ingresar al penal ubicado en Til-Til.

Los familiares de los militares, condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, contactaron al abogado Raúl Meza para que elabore el libelo.

El profesional explicó que la norma estaría vulnerando el derecho de igualdad ante la ley.

De acuerdo a lo expresado por Gendarmería, el reglamento que se hará extensivo a los familiares de los ex uniformados, rige desde el año 2011 para las visitas de la población penal de todo nuestro país.

La información institucional actualizada el mes pasado, indica que el recinto de Punta Peuco mantiene a 60 personas condenadas por violaciones a los derechos humanos y cuenta con 83 funcionarios que cumplen diversas labores en el penal.

El aumento de internos en ese recinto se originó en septiembre del año pasado, cuando el entonces presidente Sebastián Piñera clausuró el penal Cordillera.