Los trabajadores de farmacias denunciaron una nueva colusión entre las grandes cadenas para modificar los contratos y seguir pagando incentivos económicos por la venta de algunos medicamentos, pese a la prohibición de la ley de fármacos.
El 14 de agosto venció el plazo para que las farmacias se adecuaran a la ley de fármacos, y terminen con los incentivos económicos pagados a sus trabajadores por la venta de ciertos medicamentos más caros, en desmedro de otros.
El Presidente de la Federación de Trabajadores que agrupa a las grandes cadenas de farmacias, Mauricio Acevedo, denunció que las empresas no han cumplido con la ley y han modificado los contratos, para que los trabajadores no vendan grandes cantidades de remedios, sino que ofrezcan productos específicos.
Según Acevedo, esta actitud buscaría perpetuar la práctica irregular conocida como “canela” y que es prohibida por la ley de fármacos, la que fue promulgada en febrero de este año.
Los trabajadores denunciaron que las farmacias justificaron los cambios en el contrato mediante un dictamen de la Dirección del Trabajo que avalaba la práctica. Christian Melis, director del Trabajo, negó que existiera un documento de esta naturelaza que fuese emitido por el organismo estatal.
Además, aseguró que se encuentran esperando el pronunciamiento del Ministerio de Salud, que autorice a la Dirección del trabajo para fiscalizar a las farmacias.
Para el presidente de la Corporación Nacional de Defensa a los Consumidores, Conadecus, Hernán Calderón, la autoridad de salud debe fiscalizar con urgencia a las farmacias, porque las “canelas” contravienen los derechos de los consumidores.
Desde el Instituto de Salud Pública, informaron que desde abril a la fecha, se han realizado 70 fiscalizaciones y de ellas, 50 locales se han cursado sumarios por distintas causas, principalmente por no contar con un químico farmacéutico.
Sólo en la Región Metropolitana, hay 1300 locales de farmacias, y sólo hay ocho fiscalizadores en el ISP.
