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Amplitud acusa al Gobierno de proteger indirectamente a la industria farmacéutica

Sebastian Rodríguez | Agencia UNO
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Los diputados del movimiento Amplitud y la ex directora de la Agencia Nacional de Medicamentos, Elizabeth Armstrong, denunciaron que el Gobierno protege de forma indirecta a Fonasa y laboratorios farmacéuticos.

Además, los parlamentarios criticaron la renuncia de quien fue el director del Instituto de Salud Pública, Ricardo Fábrega, quien duró seis meses en ese cargo, sin dar cumplimiento a la fiscalización que requiere la ley de fármacos, según afirmaron los diputados de Amplitud.

“La ley de fármacos está siendo vulnerada” con esa afirmación comenzó la diputada del movimiento Amplitud, Karla Rubilar, a nombrar todos los puntos que no se han fiscalizado por parte del Gobierno, luego que los parlamentarios hayan realizado modificaciones a la normativa, las que fueron aprobadas con éxito en febrero.

Desde ese último mes a la fecha, según Rubilar, la ley de fármacos está siendo incumplida por la publicidad que han realizado empresas farmacéuticas en distintos diarios de circulación nacional, donde los mismos laboratorios recomiendan utilizar medicamentos.

Además, Rubilar acusó que no se están etiquetando los precios en los medicamentos y que tampoco se están fiscalizando las recetas médicas, donde los especialistas están obligados a recetar los genéricos que pertenecen al grupo de bioequivalentes.

La ex directora de la Agencia Nacional de Medicamentos, Elisabeth Armstrong, criticó duramente la renuncia que presentó el director del Instituto de Salud Pública, Ricardo Fábrega, quien afirmó que estará en ese cargo hasta el uno de octubre.

Según Armstrong, la Anamed, debería operar por separado del ISP.

Mientras, la ministra de Salud, Helia Molina, aclaró que salida de Fábrega corresponde a que se va a desempeñar como funcionario de la Organización de la Salud, con sede en Washington en Estados Unidos, descartando que se trate por asuntos ligados a la ley de fármacos.

Tanto Armstrong, como Rubilar, afirmaron que sólo por reglamento, la venta de medicamentos en góndolas y el tema de la denominada “canela” o incentivos que entregan las farmacias por vender medicamentos, por reglamento se han demorado seis meses.

Sin embargo, el resto de los puntos denunciados, deberían haber sido fiscalizados por las autoridades.

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