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FIMA acusa que aprobación de represa Río Cuervo constituye amenaza para habitantes de Puerto Aysén

Archivo | Víctor Salazar | Agencia UNO
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La Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por abogados de la ONG FIMA contra la autorización que la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la región de Aysén diera al proyecto de la represa Central Hidroeléctrica Río Cuervo.

Pese a esto, en su fallo los ministros de la Tercera Sala, Rubén Ballesteros, Pedro Pierry y Rosa Egnem, junto a los abogados integrantes Arnaldo Gorziglia y Arturo Prado, interpretaron que corresponde al Tribunal Ambiental resolver estas materias.

A juicio de los abogados de FIMA, la aprobación ambiental de este proyecto constituye una amenaza a las garantías constitucionales de los habitantes de Puerto Aysén, poniendo en riesgo su derecho a la vida, por lo que era necesario que el máximo tribunal del país se refiriera a esta problemática.

“Este fallo de la Tercera Sala de la Corte devuelve la incertidumbre a las comunidades, que ven peligrar nuevamente sus derechos fundamentales ante la pasividad del Poder Judicial. Nos parece lamentable que la Corte Suprema esté renunciando a sus atribuciones y haga esta interpretación que vuelve a dejar a las personas en indefensión, esperamos que esta tendencia se revierta”, explicó el abogado y director ejecutivo de FIMA, Ezio Costa.

El proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo, se emplaza sobre la falla geográfica Liquiñe-Ofqui y en una zona de gran actividad sísmica, cuyo antecedente más próximo es precisamente el terremoto ocurrido en Puerto Aysén en 2007.

“Queda aún camino por recorrer, el caso tiene que ser analizado por el Comité de Ministros y el Tribunal Ambiental, quienes tendrán su parecer en esto. Esperamos que en sede administrativa se confirme el concepto de que el Estado de Derecho tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos de riesgos como el que produce construir una represa sobre una falla geológica”, agregó Costa.

La resolución de este conflicto deberá ser materia de conocimiento de los tribunales ambientales y se evalúan otras acciones posibles para evitar el daño que este proyecto puede generar.

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