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Alcalde de Lolol queda bajo arraigo nacional por 4 delitos

Marco Marín | Facebook
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El Tribunal de Garantía de Santa Cruz decretó la medida cautelar de arraigo nacional en contra del alcalde de la comuna de Lolol, Marcos Marín, quien ya era investigado por el Ministerio Público por dos delitos de fraude al Fisco, a los cuales se suma negociación incompatible y tráfico de influencias tras una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado.

El primero de los delitos de fraude investigados corresponde a la derivación de los recursos otorgados por el Ministerio de Educación bajo la Ley SEP para pagar cuentas de electricidad, avaluado en $147 millones.

El segundo, en tanto, indaga el presunto otorgamiento de permisos de circulación en forma irregular a más de 12.000 propietarios -algunos de la Región Metropolitana- que mantenían multas pendientes impagas por montos aproximados a los $37 millones.

En cuanto al delito de negociación incompatible, se pidió investigar el presunto aumento de sueldo que la autoridad habría realizado a su esposa Corina Díaz, además de transferirla desde el Departamento de Educación a liderar la Oficina del Adulto Mayor a pesar que dicha oficina aún no comenzaba a operar.

Finalmente el cuarto delito investigado busca aclarar la supuesta orden que habría realizado el jefe comunal al entonces administrador municipal Freddy León para la firma de la renovación de contrato de Corina Díaz mientras Marín hacía uso de dos días de permiso administrativo.

En la audiencia el juez aceptó la solicitud de la defensa del alcalde para sobreseer la investigación por el nombramiento ilegal de un funcionario destituido por la Contraloría, y que Marín contrató a honorarios. Sin embargo, el magistrado rechazó la misma solicitud para sobreseer los delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible.

Tras lo anterior, el alcalde fue formalizado por los delitos que el Consejo de Defensa del Estado pidió investigar en su última acción legal y el titular del Tribunal de Garantía accedió a dejar al alcalde bajo arraigo nacional, desechando la prohibición de acercarse a una testigo protegida con identidad reservada como también al ex administrador municipal, que había sido solicitado por la parte querellante.

El fiscal jefe de Santa Cruz, Víctor Bobadilla, manifestó su conformidad luego que se sumaran los dos nuevos hechos y la aplicación de la medida cautelar, lo que los acerca a una futura acusación y, eventualmente, el inicio de un juicio oral.

En tanto el abogado querellante Rodrigo Guerrero, que representa a tres concejales que se hicieron parte de la acción contra el alcalde Marín, destacó la importancia que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte de la querella.

Por su parte Guillermo Lara, abogado del CDE, sostuvo que la posición de los querellantes salió fortalecida tras la audiencia de formalización.

El alcalde Marcos Marín, en tanto, manifestó su disposición para colaborar en la investigación. “No hemos cometido ninguna irregularidad, sabemos que a medida que vaya avanzando la investigación y que se vayan entregando mayores antecedentes, cada una de estas imputaciones van a quedar absolutamente desacreditadas” manifestó.

El Tribunal fijó un plazo de 70 días para el término de la investigación, tiempo en que se deberán acumular nuevos antecedentes y medios de pruebas para concretar un eventual juicio oral.

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