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La ley de abastecimiento que cuadró al empresariado argentino contra el gobierno

Daniel García | AFP
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Una dura polémica estalló en Argentina por un proyecto del gobierno que regula precios y abastecimiento de mercancías, iniciativa que entró este martes en el Parlamento pese al rechazo de las más grandes entidades empresariales.

“Rechazamos el proyecto que se envió al Congreso. Entendemos que es inconstitucional, viola la propiedad privada y el derecho a ejercer industria lícita y la consecuencia que tendría es llevar al país a una mayor recesión, mayor desempleo”, afirmó Luis Etchevehere, líder de la Sociedad Rural, que agrupa a grandes agricultores.

Argentina atraviesa un duro momento económico, con una inflación anual estimada por consultoras de más del 30%, caída de exportaciones y una recesión que afecta la rentabilidad de las empresas, con un desempleo en alza de 7,1% a 7,5%, además de la falta de crédito externo.

En rueda de prensa, Etchevehere dijo que en caso de ser sancionada “habrá una denuncia judicial por inconstitucionalidad”, al terminar una reunión del Grupo de los Seis G-6, que reúne a los mayores establecimientos del campo, la banca, la industria, el comercio, la construcción y la Bolsa.

El proyecto reforma la Ley de Abastecimiento sancionada durante el tercer y último gobierno del presidente Juan Perón en 1974, cuando también despertó un fuerte rechazo en la comunidad de negocios por las duras penalidades al agio y la especulación en el comercio y la producción.

La reforma fija multas de entre 5.000 y 10 millones de pesos (entre 600 y un millón de dólares), pero elimina el castigo de prisión que se establecía hace 40 años.

Los gobiernos federal y comunales quedan facultados para establecer precios máximos en caso de abuso al consumidor y se estipula la pena de clausura definitiva en casos agravados, además de autorizar a confiscaciones o requerir documentación que justifique los movimientos contables de la firma.

“La posibilidad de fijar precios máximos existe también en la legislación mexicana, española, alemana, y nadie viene a decir que son legislaciones chavistas o que son países que avanzan sobre legislación privada”, dijo a radio Vorterix el secretario gubernamental de Comercio, Augusto Costa.

El empresario Cristiano Ratazzi, presidente de FIAT-Argentina había señalado que la reforma se inspiró en las medidas de control de empresas impuestas por el gobierno chavista de Venezuela.

El proyecto tomó estado parlamentario y se debatía este martes en comisiones, donde la oposición anticipó su voto negativo.

A diferencia de las grandes empresas, la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) dijo en un comunicado que “hay muchos grupos monopólicos y oligopólicos en los sectores públicos y privados que requieren controles y sanciones para evitar abusos contra las Pymes y los consumidores”.

Las fuerzas de la presidenta Cristina Kirchner son mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero se anticipa un arduo debate y los empresarios no descartan que se modifique el proyecto.

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