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Israel prepara blindaje jurídico para evitar imputaciones internacionales tras ofensiva en Gaza

Gil Cohen | AFP
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Después de la “cúpula de hierro” antiaérea, Israel está construyendo una “cúpula de hierro” jurídica para afrontar, tras su campaña en Gaza, eventuales procesos ante tribunales internacionales que podrían desembocar en órdenes de captura contra dirigentes israelíes.

Para Israel, la amenaza de investigaciones internacionales y demandas individuales por posibles crímenes de guerra cometidos por su ejército se concretó el lunes.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció ese día la composición de una comisión encargada de investigar “todas las violaciones a la ley humanitaria internacional y las leyes internacionales sobre derechos humanos” en los Territorios palestinos, “sobre todo en la franja de Gaza ocupada” durante la guerra y los acontecimientos que la precedieron desde el 13 de junio.

Los investigadores deberán presentar su informe en marzo de 2015.

El Consejo de la ONU no señala a nadie, pero Israel se sintió aludido de inmediato, máxime cuando el presidente de la comisión, William Schabas, declaró el año pasado que el dirigente que más le gustaría ver ante la Corte Penal Internacional es Benjamin Netanyahu.

Israel creó comisión de expertos

Pero Israel tuvo el cuidado de anticiparse. Desde el comienzo de la guerra el ejército se dedicó a ello creando una comisión de expertos militares.

“Creamos esa comisión después de la operación Pilar de defensa en 2012. Esta vez la instalamos durante la operación para estudiar cada acontecimiento, sobre todo los más trágicos, aquellos en los que murieron muchos civiles”, dijo a la AFP el capitán Aryé Shalicar, portavoz del ejército.

“Nuestra base de trabajo es suministrada principalmente por el servicio de información militar que examina antes cada operación. Por ejemplo, si se sabe que una casa en Gaza sirvió para disparar un cohete contra Israel, entonces, según el derecho de guerra, se convierte en una posición militar, y en consecuencia en un objetivo legítimo”, precisó.

“Si nos equivocamos, debemos reconocer nuestro error y sacar conclusiones de ese error”, añade.

Después de la guerra de Gaza librada entre diciembre de 2008 y enero de 2009, Israel había boicoteado la comisión de investigación del Consejo de derechos humanos presidida por el juez sudafricano Richard Goldstone.

Su informe acusaba a Israel y a los grupos armados palestinos de “crímenes de guerra”, e incluso de “crímenes contra la humanidad” durante esa ofensiva que costó la vida a 1.440 palestinos y 13 israelíes.

Para refutar nuevas acusaciones, la ministra de Justicia, Tzipi Livni, ha constituido un equipo de juristas que asegurarán la línea de defensa de Israel, así como también su línea de ataque.

El Estado hebreo planearía de esta forma pasar a la ofensiva lanzando una demanda contra Hamas, por “crímenes de guerra”, a causa de sus disparos de cohetes contra civiles israelíes, valiéndose de civiles palestinos como “escudos humanos”.

Además, la oficina del fiscal general debe investigar los hechos que provocaron la muerte de civiles palestinos.

Israel no se toma este asunto a la ligera ya que en el extranjero pueden ser lanzadas órdenes de captura contra sus funcionarios y dirigentes tras procesos ante tribunales internacionales.

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