Una alcaldesa de la convulsa región de Michoacán -oeste de México- fue detenida acusada de asesinato, así como de extorsionar a empleados y a comerciantes para entregar el dinero a un cártel del narcotráfico, informó el jueves la fiscalía estatal.
En abril pasado, Dalia Santana Pineda, alcaldesa de Huetamo (41.000 habitantes), ordenó el asesinato de Antonio Granados Gómez y además “cobraba 20% del sueldo de los empleados municipales, dinero que terminaba en manos de Servando Gómez”, líder del cártel Los Caballeros Templarios, dijo en rueda de prensa José Martín Godoy Castro, fiscal de Michoacán.
Pineda fue detenida el jueves por personal de la fiscalía, luego de que un juez liberó la orden de aprehensión por el asesinato de Granados Gómez, a quien la funcionaría habría mandado matar por diferencias personales, indicó el fiscal.
La penetración de un grupo del crimen organizado en estructuras gubernamentales de Michoacán llegó en los últimos años a los más altos niveles del poder.
En abril fue detenido, por vínculos con Los Templarios, el número dos del gobierno estatal, Jesús Reyna, originario de Huetamo, y hace algunas semanas también fue encarcelado el hijo de exgobernador Fausto Vallejo.
El presidente municipal de Lázaro Cárdenas, un importante puerto del país ubicado en el Pacífico, también fue detenido recientemente por su relación con ese cártel, mientras que un video difundido la semana pasada reveló los vínculos de otra alcaldesa con la misma organización.
Michoacán, uno de los Estados más pobres del país y clave para el trasiego y producción de marihuana y amapola, vive una crisis desde febrero de 2013, cuando grupos de milicianos se levantaron en armas contra el cártel argumentando que sus integrantes sometían a la población a base de extorsiones, secuestros y asesinatos.
Tras la detención y abatimiento de varios de sus líderes, el Gobierno federal logró llegar a un acuerdo en mayo con las autodefensas para que se integrara una fuerza rural adscrita a la policía.
Las acciones y pugnas de los cárteles del narcotráfico y las respuestas del Estado dejaron en México más de 80.000 muertos desde diciembre de 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) lanzó poco después de asumir una estrategia militarizada contra esas organizaciones criminales.
