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Argentina rechaza amenaza de acreedores y denuncia a empresa de EEUU por sembrar el terror

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La presidenta Cristina Fernández rechazó este jueves “las amenazas a todos los argentinos” pronunciadas por fondos especulativos que reclaman una deuda en EEUU y anunció que acusará en la justicia a la empresa norteamericana Donnelley por “sembrar el terror” en la población y “alterar el orden”.

En un discurso en la Casa de Gobierno, Fernández recordó la advertencia de uno de los fondos acreedores litigantes en Nueva York de que “lo peor está por venir” y la vinculó con la declaración de quiebra de una empresa gráfica estadounidense “en forma fraudulenta”, por lo que pedirá a la justicia aplicarle “por primera vez la ley antiterrorista”.

Dicha norma fue aprobada en 2007 por el Congreso para cumplir exigencias contra el lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero en 2011 se le agregó una reforma para castigar el delito de “aterrorizar a la población” con medidas económicas o financieras.

La mandataria citó la reciente declaración de Mark Brodsky, vocero del fondo especulativo Aurelius, de que “con la Argentina ‘defaulteando’ sus bonos tememos que lo peor está por venir” y la relacionó con el sorpresivo cierre de la fábrica de impresiones Donnelley la semana pasada.

Donnelley, la más grande firma local de publicación de revistas y folletería, acusó pérdidas entre 15 y 20 millones de dólares y despidió a 400 trabajadores en Argentina, pero Fernández dijo que una inspección fiscal comprobó luego que “no tenían deudas ni dificultades financieras”.

“Por primera vez vamos a pedir la aplicación de la ley antiterrorista. Quieren sembrar pánico y terror. Detectamos que entre sus accionistas hay un fondo de inversión, Black Rock, que fue transferido por Paul Singer”, líder del fondo NML que con Aurelius ganó en Nueva York un juicio para cobrar el 100% en efectivo de una deuda de 1.330 millones de dólares.

Argentina no pagó y un juez de Nueva York mantiene bloqueado en un banco el depósito que hizo Buenos Aires para abonar un vencimiento de 539 millones de dólares de la deuda, medida que provocó que el 30 de julio pasado dos calificadoras colocaran al país en “default selectivo” o “parcial”.

“Son amenazas a todos los argentinos. El fondo Aurelius tiene intenciones políticas. Es un juego casi mafioso internacional”, indicó la mandataria.

La ley antiterrorista establece penas que van de multas hasta prisión.

Fernández dijo que Donnelley será acusada ante la justicia argentina de “alterar el orden económico y crear temor en la población”, e incluso llevará el caso ante la reguladora bursátil estadounidense, la SEC.

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