La Corte Suprema resolvió que los tribunales de jurisdicción civil y no los tribunales del fuero militar continuarán investigando el caso de Jorge Aravena Navarrete, quien falleció el 17 de febrero pasado tras pasar más de siete horas encerrado en un furgón policial, luego de ser detenido y acusado de no haber pagado una cuenta en un restaurante de Rancagua.

En fallo unánime, la Sala Penal del máximo tribunal, integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas, ordenaron que el Ministerio Público local continúe indagando el hecho registrado en la Primera Comisaría de Rancagua.

La sentencia concluye que la Fiscalía otorga más garantías a las víctimas en la protección de sus derechos que la justicia militar, y que puede haber delitos comunes en este caso, como explicó el presidente de la Sala, el ministro Milton Juica.

En la causa, el fiscal militar Carlos Muñoz procesó a seis carabineros diez días después de la muerte, todos los cuales fueron dados de baja por incumplimiento de deberes militares, falsedad y cuasi delito de homicidio.

Sin embargo, el abogado de la familia de la víctima, Cristián Cruz, pidió cambiar el ilícito y procesar a dos de los inculpados, al sargento segundo Carlos Cheuquiante y al cabo segundo Pablo Urrea, como presuntos autores de tortura con resultado de muerte.

Esto basado en el informe del Servicio Médico Legal, que concluye que la víctima falleció por shock térmico.

En tanto, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, consideró que este fallo confirma la necesidad de eliminar la justicia militar en tiempos de paz.

La Fiscalía Regional de O’Higgins designó al fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya Domke, como el persecutor que encabezará estas indagatorias.