El próximo martes un grupo de 10 diputados presentarán una acusación constitucional contra Héctor Carreño, ministro de la Corte Suprema.

Esto porque se le culpa de esconder y omitir el informe sobre abusos sexuales y físicos en hogares dependientes del Servicio Nacional de Menores.

El proceso es encabezado por los diputados René Saffirio (DC) y Ricardo Rincón (DC), junto a otros ocho legisladores de todos los sectores políticos.

La acusación consta de 600 páginas, y en ésta se especifica que el ministro puso en riesgo y vulneró los derechos de los menores, al no haber puesto el informe a disposición de los jueces de familia y haber suspendido la comisión Jeldres, así como al no informar a sus superiores del documento sobre abusos en los hogares.

Por ello, con esta acusación constitucional se busca destituir al ministro Carreño por “haberse abocado a tareas que exceden sus funciones, sin apego a la Constitución ni a las leyes, abusando de su posición de superior jerárquico”, entre otros argumentos, según indicó Saffirio.

Recordemos que la comisión Jeldres fue mandatada por la Corte Suprema para revisar la situación al interior de los hogares de menores. Sin embargo, el juez Carreño, quien en ese momento estaba a cargo de los juzgados de familia en el país, decidió suspender el trabajo de la instancia.

De esta forma, quedaron pendientes los informes sobre los centros en la región Metropolitana, el Bío Bío y La Araucanía, y la información no se puso en conocimiento del entonces presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros.

De acuerdo a la comisión investigadora, esto llevó a un actuar negligente por parte de la justicia.

En la acusación constitucional también se relata que los tribunales de justicia no aplicaron la ley porque no contaban con esta herramienta, y por lo mismo se tomaron malas decisiones.

Esto en relación a madres que afirmaban que el Estado les quitó a sus hijos sólo por el hecho de ser pobres, para ser trasladados a hogares.

Luego de que se presente la acusación el próximo martes, el miércoles tendrá que constituirse una comisión de cinco diputados, quienes revisarán la admisibilidad del texto.

Una vez votada esta admisibilidad, el documento se presenta ante la Sala de la Cámara Baja para que sea aprobada o rechazada por los parlamentarios.