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Ecuador revisará altas ganancias que obtienen empresas Claro y Telefónica

Archivo | Francisco Longa | Agencia UNO
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El presidente de Ecuador, Rafael Correa, que en el pasado redujo el margen de utilidades de las petroleras extranjeras con una polémica reforma, anticipó este martes que revisará las altas ganancias de las empresas de telecomunicaciones Claro y Telefónica.

El mandatario izquierdista formuló el anunció en momentos en que impulsa un proyecto de ley, que aumenta la participación del Estado en las utilidades que entregan las empresas de telefonía móvil a sus empleados.

La actual normativa obliga a las compañías Claro y Telefónica a distribuir un 15% de sus utilidades entre los trabajadores. Correa pretende que el 12% de esos recursos sean transferidos al Estado para financiar obra pública.

“¿Qué derecho es que 4.500 familias obtengan 130 millones (de dólares anuales) de utilidades en base al uso de un recurso natural de todos los ecuatorianos, como es el espectro radioeléctrico?”, cuestionó Correa en una entrevista en la ciudad costera de Esmeraldas.

En ese sentido, agregó que “eso significa que las telefónicas están ganando mucho más. No se preocupen. Ya vamos a eso”.

El sábado el mandatario anticipó que negociará con las telefónicas la concesión del espectro 4G, buscando la “mayor renta” para el Estado.

Claro, del magnate mexicano Carlos Slim, controla un 67% del mercado de la telefonía móvil en Ecuador, mientras que la española Telefónica (que opera bajo la marca Movistar) maneja un 30% y la estatal ecuatoriana CNT, un 2,5%.

Por su parte, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Ecuador consideró “inconstitucional” la iniciativa sobre el reparto de utilidades, que deberá ser aprobada en los próximos días por el Congreso de mayoría oficialista.

El director del gremio, Roberto Aspiazu, explicó que la Constitución prevé que “excepcionalmente se puede legislar” sobre los sectores que explotan recursos naturales no renovables como el petróleo, pero no concede tal atribución en el caso del espectro radioeléctrico.

Se pretende “de alguna manera igualarlo con legislación precedente que ya se ha establecido para el caso de los sectores de minería y de petróleos”, sostuvo.

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