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Proyecto de ley buscará otorgar exclusividad universitaria a carrera de Administrador Público

Archivo/Francisco Saavedra/Agencia UNO
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Debido a los cambios que ha sufrido la legislación en materia de educación superior, el sistema se ha visto posibilitado de formar administradores públicos tanto en institutos profesionales (IP) como en universidades. Esto, a juicio de parlamentarios de la Cámara de Diputados, ha generado una anarquía en la duración y planes de estudio, y además, en la formación de profesionales que no cumplen con los estándares mínimos de especialización que requiere la función pública.

Por tal razón, un grupo de diputados de diversos sectores presentaron una moción para modificar la Ley General de Educación, con el objeto de establecer la exclusividad universitaria de la carrera de administrador público.

A juicio de los parlamentarios Sergio Ojeda (DC), Lautaro Carmona (PC), Javier Hernández (UDI), Vlado Mirosevic (PL), Leopoldo Pérez (RN), José Pérez (PRSD), Jorge Rathgeb (RN), David Sandoval (UDI), Alejandro Santana (RN) y Patricio Vallespín (DC), autores de la moción, esa realidad ha sido desconocida bajo el amparo de la Ley Orgánica Constitucional de Educación y su sucesora.

Éstas han permitido que la formación de administradores públicos se realice a través de Institutos Profesionales, lo que, al parecer de los legisladores, ha generado una verdadera anarquía en la duración y los planes de estudio.

Por eso, la iniciativa busca relevar la importancia de la función pública para cualquier Estado moderno y reconocer la “autonomía administrativa”, que se traduce en la centralización y la especialización de funciones, así como un grado de jerarquía para sus autoridades.

También reconoce la necesidad de la “profesionalización” del personal administrativo que garantice o proporcione un desempeño adecuado para el cumplimiento de las funciones específicas y la necesidad del desarrollo de una “ideología profesional” que responda al sistema político y social, más allá del gobernante de turno.

Origen de la carrera

A mediados del siglo XX y en el seno de la Universidad de Chile se creó la carrera de Administración Pública bajo el alero de la Escuela de Derecho de esa casa de estudios, en el entendido que los asuntos de Estado son por sí solos una disciplina que debe ser tratada con estándares académicos del más alto nivel.

En ese sentido, el texto de la moción sostiene que “hoy existen profesionales administradores públicos universitarios, y otros formados en IP que no cumplen con los mínimos estándares de especialización, afectando la fe pública sobre las capacidades de quienes ostentan dichas carreras”.

Agregan que en la actualidad se vive una resignificación del rol que ocupa el Estado en el desarrollo, lo que se transforma en un desafío para la institucionalidad, que debe ser capaz de asimilar las necesidades crecientes y cada vez más complejas que la sociedad y los ciudadanos manifiestan.

Asimismo, señalan que el Estado chileno ha desarrollado en las últimas décadas un exitoso proceso de reforma y modernización de la gestión pública, el que requiere de profesionales formados con los más altos estándares y con conocimiento de las modernas técnicas de la Administración Pública.

En ese contexto, afirman que el administrador público sólo debe ser formado a nivel universitario, porque es en este nivel donde se encuentra la formación básica, disciplinar y la rigurosidad metodológica que permite optar al grado académico de licenciatura.

Articulado

El proyecto, derivado para su estudio a la comisión de Educación, agrega que aquellos estudiantes que cursan la carrera en IP podrán proseguir sus estudios hasta la obtención del título profesional correspondiente, y que las universidades que otorguen el grado de Licenciado en Administración Pública, podrán ofrecer programas especiales para aquellos profesionales que, habiendo obtenido el título de administrador público, no hubieran accedido en forma previa al grado de licenciado.

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