Jordi Pujol, que fue presidente de Cataluña durante 23 años y una de las grandes figuras de la transición española, reconoció que su familia ocultó dinero en el extranjero durante décadas, provocando un “terremoto” político poco después de la dimisión de su hijo por sospechas de corrupción.

“Muchos catalanes hoy tenemos un sentimiento de decepción profunda porque una persona que ha tenido responsabilidades tan importantes a lo largo de tanto tiempo haya producido un engaño, una ilusión fiscal, de estas características”, afirmó el sábado el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, al margen de un congreso de su partido en Madrid.

En un comunicado divulgado el viernes por la noche en Barcelona, el hombre que dirigió Cataluña de 1980 a 2003 reveló que su padre, fallecido hace 34 años, solo cinco meses después de que él llegara al poder, había dejado en herencia “un dinero ubicado en el extranjero” a la esposa de Pujol y a sus siete hijos.

“Él consideraba errónea y de futuro incierto mi opción por la política”, justificó el líder nacionalista conservador, de 63 años, figura clave de la oposición al franquismo y de la transición democrática en esta gran región del noreste de España hoy enfrentada a Madrid por sus anhelos independentistas.

Sin embargo, no fue hasta “estos últimos días cuando los miembros de mi familia regularizaron esta herencia”, precisó este doctor en medicina, de menuda estatura, mirada dura y carácter firme, asumiendo toda la responsabilidad y pidiendo “perdón”.

Pujol, fundador en 1974 de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) –el partido del actual presidente catalán Artur Mas– que en 1986 estuvo a punto de ser procesado por supuesta gestión fraudulenta de un banco familiar, no desveló el monto ni el lugar donde se guardó esta herencia.

Pero el diario conservador catalán La Vanguardia aseguraba este sábado que su esposa, Marta Ferrusola, y cinco de sus hijos presentaron el 14 de julio regularizaciones fiscales por “un patrimonio total de más de cuatro millones de euros que hasta este momento habían estado depositados en una entidad andorrana, la Banca Privada de Andorra”.

“Terremoto político”

Realizada de forma voluntaria acogiéndose a una amnistía fiscal decretada en 2012 por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, esta regularización no debería implicar sanciones, sin embargo provocó un “terremoto en la política catalana”, en palabras del izquierdista Periódico de Catalunya.

“Queremos que se aclare todo, que haya una investigación de justicia y de hacienda y que se sepa realmente si el dinero era sólo de la herencia o si hay vínculos con la financiación irregular de CDC”, afirmó el líder del partido ecologista-comunista catalán ICV, Joan Herrera.

Y el partido independentista y anticapitalista CUP pidio “que se depuren todas las responsabilidades”, considerando el anuncio de Jordi Pujol “directamente vinculado a la reciente dimisión” de su hijo, Oriol Pujol, como secretario general de CDC.

Imputado en marzo de 2013 por tráfico de influencias por haber presuntamente intentado amañar la concesión de licencias públicas a talleres de inspección técnica de vehículos, el único hijo de Pujol dedicado a la política anunció su dimisión el 14 de julio “para no perjudicar en nada” en “un año clave e histórico como es 2014″.

Enfrentado desde hace dos años a Madrid por un sistema fiscal que en estos tiempos de crisis considera injusto para Cataluña –locomotora económica de España convertida en una de sus regiones más endeudadas– el gobierno de Mas pretender organizar el 9 de noviembre un referéndum sobre la independencia al que Rajoy se opone férreamente.

El viernes, Mas no quiso vincular la decisión de Jordi Pujol con el proceso independentista catalán.

“Es un tema personal y familiar, yo no les puedo decir nada más, no tiene nada que ver ni con Convergència ni con el gobierno de Cataluña”, declaró a los periodistas.

El hijo primogénito del expresidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola, ya estaba siendo investigado por la justicia por “tráfico de divisas” por decenas de millones de euros en varios países, entre ellos Andorra, Luxemburgo, Liechtenstein, Suiza o las Islas Caimán.