La Contraloría General de la República desestimó acusación de faltas a la probidad administrativa al interior del Servicio de Evaluación Ambiental de Los Ríos, por una consulta indígena en el marco del proyecto de la central hidroeléctrica Neltume.

La Red de Organizaciones Ambientales y el Parlamento Coz Coz de Panguipulli, solicitaron una investigación para determinar una eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios del SEA en el proceso de consulta indígena para los proyectos Central Hidroeléctrica Neltume y Línea de Alta Tensión Pullinque de Endesa.

Las comunidades creen que este proceso consideró una participación funcional y no sustantiva de los afectados por estos proyectos, lo que infringiría lo establecido en el convenio 169 de la OIT, puesto que tanto el director regional (s) del SEA como su equipo técnico habrían incurrido en presiones, hostigamientos y prácticas divisorias al momento de llevar adelante la consulta.

Sin embargo tras la investigación, la Contraloría determinó que no se advierten infracciones al principio de probidad de los funcionarios y que tampoco se ha infringido el convenio internacional.

Tras el resultado, desde la Red de Organizaciones Ambientales de Panguipulli sentenciaron que es “difícil que el Estado se auto regule frente a una legislación que se ha hecho a la medida de las empresas”.

El vocero de la entidad, Mauricio Durán, lamentó esta determinación, asegurando que los antecedentes presentados comprobaban acusación, pero advirtiendo que el organismo no contrastó la información que se le entregó.

El dirigente expresó que lo anterior indica que aparentemente ya habría decisión política tomada respecto de los procesos de consultas indígenas en este proyecto e indicó que la Contraloría debió indagar más.

No obstante, el dirigente acotó que aún no están agotadas todas las instancias para insistir en que hubo irregularidades en este proceso y que esperarán los requerimientos que presentaron a la Corte Suprema y al Ministerio del Medio Ambiente.