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Congreso de Ecuador aprobó ley para fortalecer el control financiero

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El Congreso de Ecuador, de mayoría oficialista, aprobó el jueves una ley para fortalecer el control del sector financiero, una iniciativa del presidente socialista Rafael Correa rechazada por la banca privada, que considera que permitirá al Estado una intervención desmedida en el sector.

Con esta norma, aprobada con el voto de 91 de los 137 diputados, el gobierno busca impedir crisis como la de 1999, cuando 16 entidades financieras quebraron y fueron rescatadas con fondos públicos por cerca de 8.000 millones de dólares.

El colapso de hace 15 años desencadenó en un feriado bancario y en la dolarización de la economía, todavía vigente. Además, miles de personas quedaron en la ruina y el mandatario de entonces, Jamil Mahuad, fue derrocado por masivas protestas.

“Contamos con un código que garantiza no más feriados (bancarios), estabilidad financiera y monetaria y, lo que es más, protección absoluta de los dineros de depositantes”, expresó la presidenta del Legislativo, la oficialista Gabriela Rivadeneira, tras la aprobación del proyecto presentado con el carácter de urgente.

La nueva ley prevé crear una Junta encargada de la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. Asimismo, tiene atribuciones para prevenir y desincentivar prácticas fraudulentas, como el lavado de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo.

Por otra parte, contempla penalizar el congelamiento de depósitos bajo la figura de peculado y aumentar los montos mínimos de capital para la creación de un banco.

También eleva las multas por incumplimiento de las normas bancarias y fija un seguro obligatorio de depósitos.

- “Cambiar las relaciones de poder” -

El ministro de Política Económica, Patricio Rivera, anticipó que esta ley busca “darle más seguridad a los depositantes a través de entidades más sólidas, mejor reguladas, mejor controladas”.

“No es que el gobierno le va a decir (a la banca) préstele a quien fuera”, agregó el funcionario, anotando que a través de regulaciones viabilizará que el crédito “sea más fuerte, que aumente a los sectores que nos interese socialmente”.

No todos están de acuerdo. Antes de iniciarse el debate de la iniciativa en el Congreso, el 8 de julio, el exministro de Economía Mauricio Pozo sostuvo que en este proyecto “hay una actitud absolutamente intervencionista del Estado que debilita al sector” financiero.

La banca privada se opone a que el gobierno oriente el crédito y estima que la norma le restará facultades para determinar el riesgo en la concesión de préstamos.

“La Junta direccionará el crédito por actividades o segmentos de crédito”, declaró a la AFP el titular de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), César Robalino, quien se mostró preocupado porque el organismo estará formado por “empleados públicos nombrados por el señor presidente”.

Para el gobierno de Correa, que sostiene que debe prevalecer la supremacía del ser humano sobre el capital financiero, la norma “contribuirá a cambiar las relaciones de poder”.

El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, había señalado que el objetivo no era perjudicar a la banca. “Queremos que cumpla su función de participante en el sector productivo. Es decir, que impulse el cambio de la matriz productiva, que fomente la producción, que fomente las industrias”, dijo.

Otra de las preocupaciones de los bancos privados es el destino que podría tener un fondo de liquidez de las instituciones financieras, como por ejemplo, el de financiar el presupuesto estatal, según Robalino.

El sistema financiero ecuatoriano está integrado por 26 bancos privados, dos de ellos de capital extranjero, y ocho públicos.

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